*Mientras se acerca su salida de una cárcel de Florida, en Panamá las autoridades se tiran esta ‘papa caliente’
II Parte
Antes de viajar a Colombia hace 4 días, se le preguntó al canciller Samuel Lewis Navarro sobre cómo avanzaba la solicitud de extradición. “Sigue en lo mismo”, contestó Lewis.
Mientras las autoridades no se definen, críticos del gobierno perredista han señalado que secretamente se está preparando el terreno para facilitar el regreso de Noriega.
Parte del articulado de las reformas al Código Penal recientemente aprobadas, tienen al parecer la intención de otorgar pres-cripción a una serie de sentencias con nombres y apellidos.
Al menos eso es lo que implica el texto de uno de los polémicos artículos de la reformada ley, la cual beneficiaría directamente a fi-guras vinculadas a la dictadura militar, entre ellos el ex gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Rafael Arosemena y el propio Manuel Antonio Noriega.
El artículo 136 señala textualmente que: “la pena privativa de libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al de la pena señalada en la sentencia”.
Antes de la reforma, el Código Penal establecía que la pena pres-cribirá una vez duplicado el término señalado en la sentencia, pero estas reformas sólo excluyen a los delitos relacionados con terrorismo y contra la humanidad.
Si estas normas se aplican en el caso de Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá tendría que esperar al menos 10 años para regresar a su tierra, ya solo entonces prescribiría su condena de 20 años por la masacre de Albrook, emitida en 1997.
Diputados y juristas panameños coinciden en que esta interpretación de la norma beneficia a Noriega y a otros panameños que mantienen pendientes condenas con la justicia panameña. Si decide regresar a Panamá tras el lapso mencionado, todos los casos en su contra habrán prescrito.
Otra carta a favor de Noriega –ampliamente usada por personas de edad avanzada acusados de delitos—es la de la salud. Bajo el argumento de una salud débil, los abogados de Noriega podrían lograr el beneficio de los tribunales de justicia con medidas cautelares como la de “casa por cárcel”.
El hecho de que a Noriega le falta menos de un año para cumplir los 70, y que sufrió un infarto leve en diciembre de 2004 en su celda de Miami, echa leña al fuego de este argumento.
Mientras el gobierno panameño, a través de la Cancillería se encoge de hombros sobre el tema de su extradición, el equipo de abogados de Noriega, encabezado por Frank Rubino, asegura que vendrá.
“A Noriega debe tratársele como a cualquier otro detenido y condenado”, advirtió la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez. “El es una persona que tiene condenas por homicidio, y debe ir preso y tratársele como corresponde a un detenido por un delito grave. Ahora bien, mejor que no venga”.
Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Carlos Landero, declaró que de regresar al país después de cumplir su condena en Estados Unidos, el ex dictador podría ser recluido en una celda de máxima seguridad en la cárcel de La Joya.
