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3. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES SOBRE LA EQUIDAD SOCIAL Y POCISIONES INTERNACIONALES A continuación presentamos aspectos conceptuales en que se basa este Módulo "Gobernabilidad: Equidad Social". Si bien en la investigación el tema de la equidad social no fue estructurado en toda su integridad dado que ello implicaría hacer una investigación específica, los temas aquí incluidos dan pauta e información básica útil a la misma para estrategias a seguir. La equidad social va a ser parte de los grandes temas del siglo XXI para la gobernabilidad internacional. Al inicio del presente siglo XXI las grandes preocupaciones mundiales giran alrededor del acelerado aumento de la pobreza y de la hambruna en la mayor parte del planeta, lo que se constituye en uno de los principales retos de la democracia, como lo atestigua el informe de desarrollo mundial 2000, del PNUD. La democracia desde la visión finalista tiene como centro la dignidad y calidad humana, por tanto tiene como fin último procurar el bienestar de los pueblos, la dignidad del ser humano material y espiritualmente, a fomentar la capacidad creativa de los pueblos dando para ello condiciones adecuadas de educación y salud, en suma el desarrollo humano con criterios de equidad y justicia social, acompañado de la adecuada democratización en la relación de sus ciudadanos y de estos con la autoridad delegada en las distintas formas de organización social y estatal; así como en la democratización de las relaciones entre naciones que respondan globalmente a ese destino común del desarrollo humano con equidad y justicia social. En suma la equidad vista como la democratización en el acceso de los recursos y en el acceso a las oportunidades, y la justicia social, vista como la acción de la democracia que se ocupa de los problemas de la marginalidad de amplios sectores poblacionales y de la concentración minoritaria de la riqueza, hacia nuevos estadios de vida que superen tales defectos. Si la democracia tiene como fin último procurar el bienestar de los pueblos es fácil concluir para el caso de Nicaragua, que el principal desafío de la democracia es la atención integral al problema de la pobreza, y de la hambruna porque son consustanciales a la calidad de vida y a la calidad humana. Diversos factores estructurales y coyunturales en que Nicaragua ha estado inmersa desde el siglo antepasado ha impedido por sobre todo construir la gobernabilidad democrática, base para la estabilidad y el desarrollo, lo que a su vez ha implicado que la mayoría de los nicaragüenses se encuentren en fuerte deterioro de su nivel de vida con relación a la norma de los otros países. La pobreza en Nicaragua es un problema estructural y su solución tiene que ser con enfoque estratégico, holístico e integral, proactivo y con visión de largo plazo. Es urgente por todas las vías posibles iniciativas que pongan en el debate nacional y local el tema de la pobreza y de la hambruna, mas allá de una mera referencia, sobre todo por la creencia, derivada del pensamiento económico internacional que impulsó el consenso de Washington de que la globalización, la competitividad y el dinamismo del mercado producirá crecimiento económico de las naciones y por ende bienestar por la vía del empleo y el consumo de las familias. Si bien este es un planteamiento con buen sustento teórico, también es cierto que en él existen dos problemas que se presentan respecto al tema: Primero, que Nicaragua no tiene aún una estrategia debidamente concertada de cómo va a enfrentar los retos de la globalización, la competitividad y el necesario dinamismo del mercado interno; y tampoco una estrategia nacional de desarrollo humano sostenible dentro de ella una estrategia debidamente consensuada con los pobres frente al grave problema de la pobreza. Segundo, que el crecimiento económico, sin aumento del empleo y sin reducción de la pobreza es cada vez más frecuente en el mundo, dado el aumento de la pobreza a escala mundial (informes de CEPAL, de PNUD, BID y Banco Mundial señalan aumentos en los niveles de pobreza en América Latina y en el mundo). Por su importancia para reforzar estos argumentos, se ponen las siguientes citas de representantes de organismos internacionales en años anteriores y recientes, citas que son muy disientes al tema, porque significa un reexamen de instancias como el FMI y Banco Mundial, que impulsaron las políticas de ajuste, reexamen que se debe aprovechar hacia un nuevo consenso sobre el desarrollo integral de los países. Las valoraciones del BID señalan que: "América Latina muestra hoy en día avances significativos en el reordenamiento monetario, en reducir los desequilibrios macroeconómicos, en atracción de la inversión y en el crecimiento económico. Sin embargo, la distribución del ingreso en América Latina y el Caribe sobresale por ser la más desigual del mundo", señala además que "el logro de una economía competitiva no basta para asegurar una economía socialmente eficiente por lo que se precisan programas específicos impulsados en gran medida por el Estado, además de dar paso al sector privado, dado que el problema de la pobreza no es insoluble sino abordable". Se plantea como reto para el próximo quinquenio de promover el crecimiento con enfoque de equidad social, con transparencia e inversión productiva, con apertura de mercado donde los países industrializados puedan dar más espacio para exportaciones de los países de América Latina.
Las valoraciones en el Banco Mundial señalan que "El ‘Consenso de Washington’ que definió las políticas de ajuste estructural abogó por un conjunto pequeño de instrumentos (incluyendo la estabilidad macroeconómica, comercio liberalizado y la privatización) para alcanzar una meta relativamente estrecha (el crecimiento económico), mientras se acrecientan las desigualdades". Señala además que hay que ir más allá del Consenso de Washington, al plantear que "El consenso pos Washington reconoce tanto que un conjunto más amplio de instrumentos es necesario como que nuestras metas sean también más amplias. Buscamos incrementos en los niveles de vida, incluyendo mejoras en la salud, la educación, no solamente incrementos en el PIB. Buscamos el desarrollo equitativo, que garantice que todos los grupos de la sociedad, no sólo los estratos más altos, disfruten los beneficios del desarrollo. Y Buscamos el desarrollo democrático, en el que los ciudadanos participen de varias formas en las tomas de decisiones que afectan sus vidas". En el discurso oficial del Secretario General de la CEPAL al presentar en el 2000 su informe de 1999, la CEPAL, sede de México, señala que "La pobreza, calculada como los hogares cuyos ingresos promedios mensuales apenas cubren dos veces el valor de una canasta básica, dan como resultado que de los 520 millones de habitantes de América Latina, 224 millones son pobres, equivalente al 43 por ciento. A la vez CEPAL señala que "Durante los años ochenta el número de pobres aumentó, después hubo ligera mejoría en ese deterioro en los 90 hasta 1997 que se mantuvo en 200 millones pero aumentó aceleradamente a 224 millones de habitantes pobres a 1999. Señala CEPAL que "No hay ningún país de América Latina donde la distribución del ingreso sea mejor de la que había hace 25 años, en cambio hay varios países, si no es que la mayoría, donde la distribución es ahora peor. Indica CEPAL que "Los países donde la pobreza en más baja es en Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá, en cambio los países donde la pobreza es más alta es en Haití, Nicaragua y Guatemala... "Si el propósito es el puro crecimiento (...), algo está mal. Está mal la forma como se transmite el progreso a los grupos sociales de menores ingresos". "Estamos en un mundo competitivo donde las empresas no generan empleo, por lo tanto el empleo sólo es generado en forma marginal, la globalización ha traído concentración de la riqueza y pauperización...además de cada 10 empleos generados, 7 son inestables". "Como un circulo vicioso, la pobreza cierra el acceso a la educación y las nuevas tecnologías requieren de gente cada vez mas preparada. Así, se puede dar la paradoja que en algunos lugares hay alto desempleo y falta de mano de obra calificada". En las recomendaciones de su vigésimo octavo período de sesiones la CEPAL señala que "En necesario construir sociedades más equitativas centrando la atención que se movilice desde la macroeconomía hacia una visión más integral del desarrollo, con énfasis en la equidad social y desde y para la ciudadanía... La inestabilidad en el crecimiento económico y las frecuentes crisis financieras se han visto exacerbadas por un nuevo estilo de gestión macroeconómica que tiende a ser pro cíclica. Aun cuando ha habido avances importantes en la corrección de los desequilibrios fiscales, en la reducción de la inflación, modernización de importantes sectores de la economía y en la aceleración del crecimiento de las exportaciones, los resultados en cuanto a crecimiento, productividad y equidad social han sido desilucionantes"... Propone la urgente creación de mecanismos que garanticen la coherencia global de las políticas macroeconómicas de las economías centrales, la movilidad internacional de la mano de obra, así como de los capitales, bienes y servicios, la movilización de recursos para compensar a los países y sectores sociales que han sido dejados atrás al igual que el establecimiento de códigos de conducta para las corporaciones transnacionales" afirma CEPAL. O sea que ya no sólo son los señalamientos de amplios grupos sociales en América Latina sobre la contradicción entre la aplicación de las políticas de ajuste estructural y los resultados de grandes desajustes estructurales de orden social y económico. Por tanto las demandas hacia la necesidad de políticas altamente consensuadas en materia de equidad en las oportunidades, justicia social, democratización en el acceso a los recursos escasos, transparencia e integridad, atención al problema de la pobreza y de la hambruna, poner en su justa dimensión a la salud y la educación como la mejor inversión social, la adecuada articulación del ser humano con la economía y la naturaleza, el apego de la política y de la economía a los principios de la ética y de la legalidad, entre los principales. Todos estos temas normalmente ausentes en el "Consenso de Washington", como lo reconoce implícitamente el Banco Mundial al señalar que se apuntaba a una meta estrecha como es el crecimiento económico, han producido que después de más de una década de aplicación de las políticas de ajuste estructural en América Latina, se tenga esos resultados de crecimiento económico concentrados en pocos, mientras aumenta la brecha entre ricos y pobres. Así, la teoría del ¨derrame del vaso¨ originada por el crecimiento económico, que ha prevalecido en el pensamiento económico gubernamental en América Latina en el manejo de la política económica en el marco de la globalización, la apertura de mercado y la competitividad, ha probado ser insuficiente en el corto y mediano plazo en toda América Latina, pues en todos los países en que se han adoptado las políticas de ajuste estructural, el denominador común ha sido el equilibrio monetario, altas tasas de ganancia en el sector exportador y de la intermediación financiera, pero a la vez el desajuste estructural por el aumento de la tasa de desempleo, debilitamiento del mercado interno, reducción de programas sociales y disparidad en la brecha entre ricos y pobres, lo que refuerza la necesidad que la democracia asuma con el peso que tiene este problema económico - social. Sin embargo, este nivel de debate no se ha producido lo suficiente en las instancias de competencia en la mayoría de estos países, a pesar de ser ya uno de los grandes temas mundiales incluidos los mismos organismos internacionales que impulsaron el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ver además posiciones de John Major, Primer Ministro de Inglaterra, de Pierre Shori, Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, de Jacques Chirac, Presidente de Francia, del gobierno de Japón, en que todos abogan por una nueva política económica más equitativa, que no imponga tantos costos económicos sociales como el actual esquema de ajuste estructural. Iniciativa importante en esa línea es la elaborada por el Grupo de los Ocho países más industrializados, en su reunión anual en Colonia, Alemania en junio de 1999, donde acordaron la condonación de hasta un máximo de 90 por ciento de la deuda externa a los 41 países más endeudados y más empobrecidos, analizando cada país en particular. A la vez la conformación de una comisión que diseñara una metodología para facilitar que antes de transmitirse esta ayuda para la reducción de la deuda, los países que accedieran tengan que definir claramente una estrategia de reducción de la pobreza para establecer el vínculo entre reducción de deuda y reducción de pobreza. A la vez, que estos países deben tener un programa de mejoramiento de los aspectos de gobernabilidad democrática, entre ellos, la equidad social (reducción de pobreza), descentralización y desarrollo local, transparencia y responsabilidad, sistema de justicia, seguridad ciudadana, en dependencia de las particularidades de cada país, todo ello bajo la premisa que gobernabilidad y desarrollo son factores interactuantes. Una reciente reunión en junio de 2001, los mismos países del G8 acordaron la condonación total de la deuda a los países altamente endeudados y altamente pobres. El hecho político positivo de fondo es que el análisis de instancias superiores de los organismos internacionales impulsores de las políticas de ajuste estructural, reconocen la necesidad de buscar un nuevo consenso, así como de países industrializados que abogan por una nueva política más equitativa y democrática hacia los países pobres, coincidente en ello con las demandas de la sociedad civil de los países en que se aplican ajustes estructurales. Este es en definitiva el principal reto de la democracia a escala mundial y en cada país. Para Nicaragua representa una oportunidad histórica hacia una concertación nacional en la construcción de una estrategia nacional de desarrollo (consenso de los aspectos claves que permitan fijar las pautas básicas del país a largo plazo), incluida una estrategia de reducción de la pobreza, así como la estrategia para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ambos aspectos son puntos de abordaje continuos entre Nicaragua y los organismos financieros internacionales. La capacidad de lograr esas dos estrategias en forma consensuada, dependerá de la voluntad y capacidad del gobierno de impulsar dichos procesos en tal dirección. Como se verá a continuación, para la democracia que apenas está en sus inicios en Nicaragua, este reto es el más crucial desde el enfoque finalista de la democracia. Como una referencia sobre algunos aspectos del estado situacional de los /as nicaragüenses, se presenta a continuación los principales aspectos que reflejan el estado de pobreza de la mayoría de ellos, comenzando de los relevantes, seguidamente de los complementarios.
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