Dr. Angela Rosa Acevedo El pasado 22 de febrero el Instituto Nicaragüense de la Mujer y la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia del Parlamento Centroamericano, promovieron con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, un ENCUENTRO DE MUJERES EN CARGOS PUBLICOS Y REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO DE MUJERES DE NICARAGUA, para conocer los diversos puntos de vista sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción adoptada durante la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China en 1995. BOLSA DE MUJERES ofreció en su edición No. 48, el mensaje de la Primera Dama María Fernanda Flores de Alemán y la Síntesis del Informe del gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de la Mujer.  En su edición No. 49, BOLSA DE MUJERES comparte las exposiciones presentadas por la Dra. Angela Rosa Acevedo, representante de la Iniciativa Nacional de Seguimiento a los Acuerdos, integrada por diversas organizaciones de mujeres y el balance presentado por la diputada Guadalupe Jerezano, presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia del PARLACEN, por considerarlo de sumo interés especialmente cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se reúne especialmente en la primera semana de junio para evaluar los progresos y cumplimientos de dicha plataforma de acción.

A cinco año de los compromisos de Beijing 
La Iniciativa Nacional de Seguimiento a los acuerdos considera:

Al terminar los primeros cinco años de los acuerdos y compromisos asumidos por los gobiernos en Beijing, los indicadores de cumplimiento de los acuerdos de la Plataforma de Acción Mundial nos llevan a señalar que para una aplicación efectiva de los mismos se requiere de transformaciones económicas, políticas y culturales que modifiquen las condiciones de vida de las mujeres.

Un primer obstáculo lo constituyen las estadísticas y cifras más importantes del país manejadas por el Banco Central y el Instituto de Estadísticas y Censos, relativas a temas económicos y la contribución de las mujeres a la economía nacional, así como su análisis, las cuales continúan sin desagregarse por género. Lo anterior dificulta la recopilación de información para medir el impacto de las políticas que promueven el avance de las mujeres.

Rápidamente quiero poner algunos indicadores que reflejan las desigualdades e inequidades de género:

Las políticas económicas, no han contribuido a bajar los índices de pobreza en las mujeres. La situación de pobreza anda por el 80% (datos de encuesta de las mujeres FIDEG 99), el desempleo es del 48.7%. En relación a los recursos encontramos que solo el 13% ha tenido acceso a la tierra; se han beneficiado con créditos un 5% de mujeres productoras en general, han accedido al crédito el 31.8% y un 32% son jefas de hogar.

Después de la evaluación de daños causados por el huracán Mitch y la puesta en marcha de planes de reconstrucción presentados por el Gobierno, en Estocolmo, el Plan de erradicación de la pobreza si bien han considerado en términos formales, medidas y/o mecanismos específicos encaminados a erradicar la pobreza, éstas no contaban con el enfoque de género que visibilizara la condición de las mujeres y la necesidad de tomar medidas para sacarlas de esa situación.

Las cifras macroeconómicas invisibilizan el impacto del ajuste en los grupos más vulnerables de la sociedad. En un borrador del informe oficial de evolución y situación actual de la pobreza en Nicaragua, elaborado en Noviembre de 1999 y cortado a ’98, señala que a pesar de que aproximadamente el 48% de los nicaragüenses son pobres y que el 17% de estos son extremadamente pobres, ha habido reducción de la pobreza en la ciudad de Managua, pero que se ha elevado en el resto del país. Sin embargo, esta información sobre los niveles de pobreza no está desagregada por género.

Las políticas de empleo para mujeres son inexistentes, el empleo actual es de carácter temporal igual que la pobreza, el subempleo es cada vez mayor para las mujeres lo que las lleva más a la esfera informal, invisibilizando su aporte a la economía nacional. Somos el 41% de PEA con una tasa de ocupación de 44,5%, el empleo de las mujeres se ubica en el sub-empleo en un 90% y solo un 9.1% tiene empleo pleno, las mujeres representan el 75,9 % del sector informal.

En el plano del acceso a la educación, el gobierno ha establecido programas y proyectos de atención y seguimiento a la educación básica de adultos con fondos obtenidos de la cooperación española; su cobertura atiende a adultos y adultas analfabetas, pero no la retención escolar de los niños y niñas en las escuelas estatales regulares; esta situación incide año con año en el incremento de los niveles de analfabetismo. Las cifras oficiales indican que 19% de la población mayor de 10 años no sabe leer ni escribir, el 28% de los niños y niñas entre 6 y 18 años se encuentran fuera del sistema escolar y solo 22% de los estudiantes están en el grado que corresponde conforme a su edad.

En el plano de la salud, a pesar de que se han hecho esfuerzos por reducir los índices de mortalidad materno-infantil, el país continúa presentando una alta incidencia de enfermedades inmuno prevenibles y enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que son las mayores causas de morbilidad y mortalidad entre los niños y niñas menores de 5 años, la distancia de los puestos de atención en salud y la falta de recursos económicos continúan siendo las mayores dificultades para el acceso de la población a los servicios de salud ofrecidos por el gobierno; y sólo 60% de la población accede a servicios de salud y consultas públicas.

El impacto de las políticas de ajuste sobre la pobreza, el empleo y el gasto público social; esas medidas han llevado a las organizaciones de mujeres y la sociedad civil a prestar servicios, brindando así una alternativa a las mujeres más pobres.

Los mecanismos mediadores del impacto tales como mejora de infraestructura social, construcción de escuelas, redes de aguas servidas y potable realizados con la contribución de las poblaciones beneficiadas, y que han sido incorporadas como parte de los llamados Fondos de Inversión Social, han sido insuficientes para atender el impacto negativo que la implementación consecutiva de tres programas de ajuste estructural a la economía durante la década de los 90 han tenido sobre los grupos más vulnerable de la sociedad nicaragüense.

Si bien ha habido un leve incremento en el presupuesto asignado al Ministerio de Salud, la cobertura de atención básica se ve reducida en la práctica a la realización; de igual modo se ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Educación, destinándose básicamente al incremento salarial de los educadores quienes no alcanzan ni para una canasta básica.

A los cinco años de Beijing, la situación de la mujer nicaragüense es deficitaria en términos sociales y político institucionales, disminuyendo cada vez más los pronósticos positivos.

Si bien en términos formales, no existe discriminación de género en el acceso a cargos, empleo y/o remuneración, derecho de propiedad, crédito y servicios; en la práctica, sesgos en la aplicación de las políticas públicas y en la formulación de criterios de acceso, que de hecho inhiben la participación equitativa de las mujeres.

El tema Salud, en nuestro contexto nicaragüense es tema que debe abordarse con mucha responsabilidad, debido a la situación precaria y de emergente necesidad en la que se encuentra la población en general y las mujeres en particular.

Según datos demográficos proporcionados por INEC-CELADE, en 1998 la población femenina llegó a 2,473,522 personas. A pesar de éste dato, al elaborar y diseñar las políticas públicas y los planes estratégicos en el sector salud, las mujeres somos vistas a partir del binomio Madre e hijo, asociadas con la niñez o adolescentes. Las mujeres como sujetas sociales y de derecho estamos ausentes e invisibilizadas.

Se considera que la sexualidad femenina está vinculada e inmersa en la capacidad reproductividad que poseen las mujeres y no se concibe como un derecho que posee la mujer a educación sexual dirigida a las mujeres, es poca y se vincula a la capacidad reproductiva que poseen las mujeres.

Los mecanismos institucionales especialmente el INIM, están debilitados en su capacidad para incidir en la formulación de las políticas económicas y sociales que son las que impactan más en la condición de las mujeres, reafirmándose la falta de compromiso explícito con el tema de la mujer y la promoción de políticas públicas que promuevan su adelanto, por parte del Gobierno de Nicaragua. La Asamblea Nacional debe de discutir y aprobar presupuestos que destinen recursos económicos para el avance de las mujeres, existen leyes discriminatorias como las de la familia que demandan un cambio moderno, así como las leyes que tomen acciones positivas para la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 

Para el movimiento de mujeres, la Plataforma de Acción Mundial recoge a pesar de sus límites, demandas, necesidades y propuestas que permitan corregir las desigualdades e inequidades de género y cinco años después debemos señalar que la deuda social que tenemos con las mujeres del país es muy grande lo cual demanda a los tomadores de decisiones, a la iniciativa privada, a la sociedad civil, trabajar por una política institucional de género que impulse las medidas afirmativas que cierren las brechas entre hombres y mujeres.

Cualquier plan que se impulse en términos de futuro, debe de incluir una propuesta global de mediación del impacto del ajuste, que tenga coherencia con el propósito explícito de erradicación y disminución de la pobreza; y que de igual manera, esté claramente comprometido con el tema del adelanto de la situación de la mujer en la sociedad nicaragüense.

Vincular el tema de la condonación de la deuda y la incorporación de Nicaragua en la iniciativa IPC, con la implementación de programas de corte social y mejoramiento del acceso a servicios básicos por parte de la población en general y de las mujeres en particular.

Los temas de Salud, Violencia, demandan una atención integral que permita atender a las mujeres la salud física y psíquica, y que se les reconozcan sus derechos de autonomía y decisión.

En tal sentido, las reformas penales que actualmente se desarrollan deben incluir la visión del Movimiento de Mujeres: en los delitos contra la vida, seguridad e integridad personal y libertad sexual; asimismo, deben derogarse aquellos tipos penales basados en prácticas discriminatorias en razón de valores, usos, tradiciones y costumbres que la sustentan. De igual forma los procedimientos deben garantizar efectivamente, el acceso a la justicia a las mujeres y superar la aplicación e interpretación discriminatoria contra las mismas.

Debemos lograr la ejecución de la Política Pública integral iniciada por la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia a través de la elaboración y ejecución del Plan Nacional.

Asignación de recursos presupuestarios suficientes, a las instituciones encargadas, para lograr la sostenibilidad política y económica de las acciones contra la violencia intrafamiliar, en especial al Programa de Comisarías que depende de financimiento externo.

Fortalecer el trabajo intersectorial de las instituciones del Estado y la sociedad civil iniciado en el abordaje de la violencia de género como un problema de derechos humanos.

Reactivar los Consejos Consultivos en el INIM y el MINSA.

Muchas cosas positivas podemos relevar pero quise compartir con ustedes mujeres que están en puestos de decisión, los déficit que desde el movimiento de mujeres sentimos y vemos, mi objetivo es que sus decisiones incidan en cambios para las mujeres.

Para finalizar quiero compartir un inciso de la declaración de los gobiernos en Lima, el pasado 10 de febrero:

"j) Fortalecer la democracia en la región mediante la adopción de políticas y medidas que faciliten el disfrute por parte de las mujeres de sus plenos derechos de ciudadanía en condiciones equitativas y su participación en la adopción de decisiones en todos los sectores y no todos los niveles, teniendo presente que la democracia está basada en la voluntad de las personas expresada libremente para determinanr sus propias estructuras y arreglos económicos y sociales,".