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Bancafe y las Memorias de Doña Violeta Ignacio Briones
Particularmente el Tomo I (Capítulo II-Antecedentes-Breve descripción del Gobierno Anterior y Situación Socio-Económica del país- págs. 25-69) permite identificar ese período denominado indistintamente "década perdida" y "noche oscura" (1979-1990), del que se derivan todas las situaciones dramáticas que hemos venido viviendo y que aunque se van resolviendo poco a poco subsisten todavía como camisas de fuerza o pesadas cadenas que arrastra Nicaragua e impiden las transformaciones aceleradas que demanda la población. "La sociedad nicaragüense en la década del 70 distaba de ser la caricatura que se pretende hacer de ella cuando se la presenta como "latifundaria y señorial" basada en la "plusexplotación" de la fuerza de trabajo servil y dominada por la economía del enclave. Aquellos que hacen esto se olvidan a propósito de que para esa época la economía monetaria se había extendido a todo el territorio nacional, que Nicaragua contaba con el sector financiero más dinámico de Centroamérica y que la agricultura en especial funcionaba de acuerdo a los niveles tecnológicos y administrativos más avanzados de la época"..."En lo que respecta a los niveles de desigualdad imperante en el país, si bien es innegable la existencia de altas tasas de contración del ingreso y de la riqueza en pocas manos, éstas no habían llegado todavía a los niveles de El Salvador, Guatemala y Honduras. Por ejemplo, mientras en Nicaragua existían 42 mil productores de café, en El Salvador habían sólo 300; en el Sector algodonero Nicaragua contaba con seis mil productores, mientras que en Guatemala sólo existían 80. Adicionalmente, la producción de granos básicos de Nicaragua que comprendía una extensión aproximada a las 250 mil hectáreas se encontraba en manos de pequeños productores y campesinos" (p. 27-ob.cit.) Esta realidad que a todas luces auguraba un sensible y positivo mejoramiento en la calidad de vida de los nicaragüenses, tropezó con la voluntariosa terquedad de Anastasio Somoza Debayle y una increíble sumisión a su egolatría por parte de quienes lo rodeaban y jamás se atrevieron a contradecir sus caprichos por irracionales y peligrosos que fueran, incluso para la personal estabilidad. La señora Chamorro anota: "Durante la primera década de 1980, el Frente Sandinista intentó realizar en Nicaragua una "transición al Socialismo", la cual implicó un proceso de estatización de la propiedad privada; la sustitución de las fuerzas del mercado por la planificación centralizada y la intervención directa del Estado en la producción, la creación de un mecanismo de poder centralizador y concentrador basado en la conjunción del Estado, el Partido Sandinista, el Ejército y los organismos de Masas; un intento de proletarización y de homogenización de la población, sustentado en el marxismo-leninismo; y el establecimiento de una alianza estratégica con el Bloque Soviético, paralelo al apoyo activo a los movimientos de izquierda radical en el Tercer Mundo" (p.29). El resultado de aquel experimento que en lo sustancial tenía como objetivo verdadero el dominio hegemónico de la cúpula efeselenista y sus colaboradores y panegiristas más cercanos (los millonarios, casatenientes, banqueros y terratenientes de hoy), significó el mayor desastre que a todo lo largo de su historia republicana habría de padecer el país. Desde cualquier ámbito que este desastre se quiera ver, conocer o estudiar, la conclusión a que conduce es sencillamente pavoroso. Solamente en el aspecto económico según serios y responsables analistas (los galenos de MEDIPAZ por ejemplo) el país necesitará 40 años para alcanzar las estadísticas de 1979. El marco jurídico-político en que se asentó la hegemonía efeselenista incluyó la nacionalización de la banca privada mediante el Decreto # 25 del 26 de Julio de 1979 que estableció el monopolio estatal de las actividades financieras. Todas las compañías de ahorro y préstamos, así como las actividades relativas a los seguros pasaron al control estatal. El Estado (léase Dirección Nacional del FSLN) fue el único depositario y usuario de los ahorros de los nicaragüenses. El mayor golpe dado a la economía de los sectores populares colectivamente tuvo efecto el 15 de febrero de 1988, día en que toda la población fue despojada del dinero que con grandes sacrificios había podido preservar. Para ese tiempo el córdoba se había desvaluado tanto que hablar de millones significaba, en la mayoría de los casos, de cientos de córdobas. El decreto despojador estableció que a quienes tenían 10 millones solo se les permitiría tener 10 mil. La cantidad restante pasaba a ser confiscada. Ese día don Daniel Ortega anunció que su Partido habría de resarcir nunca un solo centavo. Pongo énfasis en citar este hecho -uno entre miles que pueden referirse-, porque al parecer algunas buenas gentes lo han olvidado y acabo de oír en una emisora que los cuenta-habientes afectados por la quiebra del Bancafé han solicitado al Secretario General del FSLN su mediación en las gestiones que realizan para recuperar sus ahorros, gestión que no solo merece el mayor apoyo sino que se enmarca en el terreno de lo justo. De esto a que Ortega sea un mediador idóneo parece más bien un acto surrealista además de irónico. Como irónica luce también la vocinglería desatada en algunos medios de comunicación manejados en la actualidad por ex-diputados que sancionaron los despojos a la población desde sus curules pro-efeselenistas. Sin duda el despojo de que han sido víctima los 43 ó 44 mil cuenta-habientes del Bancafé, de ninguna manera puede ser justificada con los perpetrados en la década del 79-90. Ni las circunstancias en que se han producido uno y otros son similares, excepto en el daño que ocasiona a los victimados. Los despojos de la década efeselenista eran perpetrados por quienes detentaban el poder. Este de ahora proviene de un sector de la hoy llamada Sociedad Civil y conocido desde siempre como sector privado o personas pertenecientes al mismo. La banca privada volvió al país en la década de los 90 bajo la administración precisamente de doña Violeta. La Ley que la restituyó fue discutida y aprobada en la correspondiente Legislatura 90-97. Las omisiones que esa Ley tiene debe cargarse a quienes ocupaban escaños en esa Legislatura. Entre éstos estaban los ex-diputados al frente hoy de diarios. A ninguno se le ocurrió incluir una garantía por parte de los banqueros a los ahorrantes, dejándolos en la indefensión frente a eventuales quiebras bancarias como la del Bancafé. ¿Por qué no lo hicieron? Es asunto que solo cabe a ellos explicar. En su obligación con los millares de perjudicados. Todos conocemos que el máximo de capital que la Ley exige a quienes quieren fundar un Banco es una suma mínima en relación con las que ellos pueden captar de los ahorrantes. Y todos sabemos también que los beneficiarios del negocio son, fundamentalmente, los dueños del Banco. Con sus directivos a la cabeza. Si éstos son los beneficiarios ¿por qué se reclama al Estado que salga a responder por ellos ante sus cuenta-habientes afectados por su ambición o su negligencia? Quizás el drama que están viviendo los ahorrantes del Bancafé inspire una campaña informativa tendiente a explicar a la población los riesgos que corre cuando deposita su dinero en un Banco. No es que se ponga en duda la seriedad y respetabilidad de todos los Bancos, sino que eventualidades dolorosas como la que estamos viendo, podrían repetirse ¿Quién garantiza que no sea así? |
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