UPN ACEFALA

Mercedes Rivas

El destino de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), está en peligro con los recientes sucesos, en los cuales un grupo de militantes sandinistas enfilaron sus acciones en defensa de intereses más partidarios que gremiales.

Al mejor estilo politiquero, un grupo defendió lo indefendible. No el destino de la organizción, sino la prevalencia de un cargo. La de Juan Alberto Enriquez, para que siga ocupando la presidencia de la UPN. Los sucesos ocurridos durante su reciente Asamblea Ordinaria, dejaron el sinsabor de acres discusiones, gritos y descalificaciones, como que de enemigos se tratara. Una cosa absurda y triste, puesto que siendo todos periodistas, caminamos en la misma acera todos los días, pues nos ha identificado el mismo ideal y hasta el color partidario.

La unificación del gremio, lejos de ser una realidad, nunca será posible por oscuros intereses partidarios que quedaron al descubierto en esta reunión y aunque no tengo nada personal contra el periodista Juan Alberto Enriquez, quien se desempeñó por dos años como presidente de la UPN, hasta el 15 de marzo del año en curso, fecha en que venció su período en este cargo, es mi deber señalar, con el derecho que me asiste como afiliada a esta organización, que lo actuado el sábado 18 de marzo en la Casa del Periodista, Alvaro Montoya Lara, es nulo de toda nulidad, por la forma en que se violentó todo procedimiento para la elección de autoridades.

Es ilegal, por cuanto no se procedió conforme a la Ley.

En primer lugar, se citó a la Asamblea Ordinaria, tal y como se acostumbra cada dos años, con el único fin de elegir nuevas autoridades y no para reformar estatutos y habiendo presentado una extensa agenda, se debió proceder a votar por el contenido de la misma, no imponerla.

No siendo procedente, la Asamblea decidió reformar el Artículo 24, el cual prohibe la reelección de cargos para el período inmediato superior, con el fin de dejar en el cargo a Juan Alberto Enriquez.

Lamentablemente, todo lo actuado es nulo, es ilegal porque se olvidaron que la organización está inscrita como Asociación Civil en el Ministerio de Gobernación y que una reforma a cualquiera de lo artículos debe ser respaldada por una resolución ministerial y ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado que las cosas no siguieron en el curso de la institucionalidad, pedimos se impugne lo actuado y estemos claros que a partir del 15 de marzo la UPN no tiene dirigentes.

Quizás el Comité Electoral saliente pueda responder por qué no informó si había incripción de otros candidatos, ni siquiera se conoció oficialmente de la intención de reelección de Juan Alberto, la Asamblea no conoció si otros aspirantes al cargo pagaron la cuota de incripción de 200 córdobas, para el cargo de presidente y 100 para otras secretarías; la Asamblea no conoció si estaban al día con su cotización, tal y como se exigió a otros que corrieron en la campaña.

Sería bueno que el Ministerio de Gobernación se pronuncie sobre esta impugnación y que la oganización rinda cuentas claras sobre el patrimonio y bienes de la organización.

Esperamos que en nombre de la razón, la legalidad, institucionalidad y transparencia, los periodistas demos el ejemplo de democracia. No podemos respaldar vicios y mañas electoreras porque no tendríamos la autoridad moral para exigir a las autoridades civiles y políticas de este país, que cumplan a cabalidad con las leyes y mandatos de la nación.

Estoy al día con la cotización y exijo respeto y cumplimiento a la ley. La UPN no es propiedad individual, es una organización gremial que debe velar por intereses de la mayoría. ¿No les parece?