Presente y futuro del régimen de pensiones en
Nicaragua
Róger
A. Cerda
En Nicaragua no existe mercado de
capitales y mucho menos un marco regulatorio para ellos. Vamos a hacer algunas reflexiones
sobre este tema, sobre todo ahora que el Gobierno ha tomado la iniciativa de reformar el
sistema de pensiones en Nicaragua.
En primer lugar,
es sumamente peligroso pretender establecer mecanismos y esquemas que implican un mercado
de capitales desarrollado, sin un marco regulatorio estricto y adecuado. Con ello se
podría exponer a la población ahorrante forzada a sufrir estafas masivas. Hay que evitar
las estafas.
En el mercado de capitales, a
diferencia del mercado financiero (bancos, etc.), todo el riesgo lo toma el ahorrante, el
dueño de los fondos ahorrados. Por ello, en Estados Unidos existe la Comisión llamada
"SEC", que regula el mercado de capitales, estableciendo responsabilidades
civiles y penales muy duras. En Nicaragua no hay nada parecido, ni puede haber porque no
hay mercado de capitales.
El caso pareciera como el del huevo
y la gallina, pues, sin mercado de capitales no habrá marco regulatorio y sin marco
regulatorio no habrá mercado de capitales.
En segundo lugar,
se debe garantizar que el mercado será competitivo. Recientemente en El Salvador, con la
fusión de dos gigantes bancarios en España, prácticamente el negocio de las
Administradoras de Pensiones ya es técnicamente un monopolio.
En tercer lugar, los
requisitos exigidos para los directivos de las instituciones que administren fondos de
ahorro (eventualmente las AFP), deben ser muy estrictos, con sanciones severísimas y
señalando responsabilidades penales y civiles claramente definidas en la Ley (no esperar
el Reglamento), que terminen en la cárcel.
En cuarto lugar,
las administradoras de fondos de ahorro para pensiones deberán garantizar la rentabilidad
de esos fondos. Los gobiernos anteriores utilizaron los fondos de pensiones para otros
objetivos. Desde tiempos de Somoza, los pensionistas financiaban los servicios de salud
del INSS, constituyendo estos fondos la caja chica del partido de turno en el poder. Pero
siempre, la salud o la quiebra del INSS dependerá de la situación de la economía, un
factor exógeno que está fuera del control de dichas autoridades.
En quinto lugar,
hay que referirse obligadamente al caso chileno de la reforma de pensiones en 1981. Este
proceso fue muy especial y excepcional, por lo original y novedoso. Señalemos brevemente
unos seis elementos:
Primero, como en todos los países
hasta entonces, el sistema de pensiones chileno funcionaba como un impuesto y no como un
depósito de ahorro. El cotizante no veía los beneficios de su ahorro.
Segundo, el grupo de "Chicago
Boys" que asesoraba al Gobierno de Pinochet detectó deficiencias en varias
áreas del sector público y una de ellas fue el sistema de pensiones. El gobierno militar
impuso la reforma.
Tercero, se trataba de una dictadura
militar sangrienta. Por lo tanto, la reforma no pasó por ningún "consenso" de
la "sociedad civil", ni del "parlamento". La reforma pasó sin ninguna
resistencia política ni gremial. El único límite a cualquier reforma era la
imaginación de Pinochet.
Cuarto, el cambio prometía ser
exitoso y no había alternativa por el descontento que generaba el sistema "de
reparto". Además, se conservaron y desarrollaron algunos sistemas de
"protección" social en el área de salud.
Quinto, como "la
contra-revolución" es también fuente de derecho, las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) crearon su propio marco jurídico. En esta materia Chile se convirtió en
"pionero" y "vanguardia".
Sexto, en ese entonces, el mercado
de capitales era reducido en Chile y, a esta fecha, se encuentra muy controlado por el
Estado. El sector financiero reclama aún hoy una liberalización de dicho mercado y menos
intervención del Estado. Cabe recordar que el Estado aún hoy conserva mucho poder en
Chile y que el Cobre permanece nacionalizado, tal y como lo dejó el Presidente Allende,
derrocado por Pinochet.
En conclusión de esta pequeña
primera aproximación al tema de la reforma de pensiones, señalemos lo siguiente:
El plan de ahorro forzado para
pensiones se reduce estrictamente en beneficio o perjuicio de los cotizantes o ahorrantes
forzados.
Los que no estén en el sistema no
entran ni se benefician.
El beneficio de la reforma de las
pensiones, en consecuencia, será urbano, no rural.
La reforma de pensiones no es parte
de la "política social" sino de un esquema financiero y de capitales. Los
problemas de salud y educación, así como el de la vivienda quedarán pendientes.
Es aquí donde entran en juego los
estadistas, los que piensan que primero hay que resolver la salud y la educación y luego
el resto. Es necesario que el campesino deje de subsidiar al residente en la ciudad y que
se dejen de desviar los impuestos en beneficio de una minoría y no en el de las
mayorías. El gobierno no puede seguir desviando impuestos, al subsidiar a sectores
sobreprotegidos, transportistas, estudiantes universitarios, funcionarios extravagantes y
derrochadores, mientras el pueblo y sus niños se mueren de hambre, ignorancia y
enfermedad. Si queremos un buen mercado competitivo, recordemos que sin Estado no hay
mercado. Lo primero es la salud y la educación.
*El autor es
consultor económico y financier, e-mail: rcerda@post.harvard.edu
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