QUIENES QUEBRARON AL SEGURO SOCIAL

Por Manuel Eugarrios

Que Seguro Social es un desastre financiero nadie parece ignorarlo, pero más importante que eso es que las actuales generaciones sepan que el régimen dinástico y el gobierno sandinista son lo que llevaron a la quiebra a esa Institución, que en nombre del Estado y según el precepto constitucional, debe promover y garantizar la seguridad social de todos los trabajadores nicaragüenses.

Dentro de esa concepción figura precisamente una protección fundamental a favor de quienes durante gran parte de su vida cumplen una jornada laboral: el régimen de invalidez, vejez y muerte, que en conjunto y a través de distintas vías desemboca en un denominador común: las famosas y nunca bien ponderadas ni pagadas pensiones.

Según el experto argentino Eduardo Melinsky, quien acaba de participar aquí en un Foro sobre el tema, ese régimen de invalidez, vejez y muerte está desfinanciado pues mientras el INSS paga 450 millones de córdobas anuales a ese tipo de beneficios, apenas recibe 350 millones cargando cada año con un déficit de 100 millones, lo que conduce a un constante deterioro de esos derechos hasta llegar a las pensiones mínimas aunque el asegurado se haya jubilado con pensiones altas.

En suma, y en palabras más concretas, el experto argentino advierte que en poco tiempo la deuda del INSS con sus afiliados (cuatro mil millones) será superior a sus reservas, lo que en buen romance significa que el Seguro Social nica "está técnicamente en quiebra total".

Con diagnósticos actuariales de este orden, es que se han amparado las autoridades del INSS para decidir la privatización de las pensiones que reciben los asegurados, bajo el nombre de Sistema de Ahorro de Pensiones, cuya ley creadora se debate actualmente no solo en las comisiones del Legislativo, sino en el amplio seno de la opinión pública nacional y entre los asegurados en particular.

Pero este desastre en la seguridad social nicaragüense, esta quiebra galopante del INSS, es tan solo el corolario de una serie de acciones ilícitas y decisiones gubernamentales arbitrarias que se iniciaron en el régimen dinástico de los Somoza y concluyeron en el gobierno sandinista.

En efecto, a mediados de los años setenta y perpetrando una verdadera estafa para trabajadores y empleadores, el régimen somocista comenzó a emitir unos célebres Vales del Tesoro por millones de córdobas mensuales a favor del INSS en concepto de su cuota como patrono de al menos unos 30 mil empleados públicos.

Como podía suponerse, tales documentos no tenían ningún valor negociable en el mercado bursátil del país, pues todo mundo sabía que se trataba de papeles sin ningún respaldo, cuando el gobierno nunca pagaba esos benditos Vales del Tesoro.

En crónicas y comentarios de la época y ya en La Prensa, yo daba a conocer la publicación de los Decretos Ejecutivos de esos Vales del Tesoro en el diario oficial La Gaceta, y los bauticé como la deuda caribe del gobierno dinástico con el INSS, que por supuesto jamás honró.

De todo esto se deducía claramente que el INSS se mantenía de las cotizaciones reales del sector privado (patronos y obreros), pero en honor a la verdad, debemos decir que en materia de beneficios y a excepción de las pensiones que en general siempre han sido raquíticas, la atención y los otros beneficios que recibíamos los asegurado hasta julio de 1979 fueron un verdadero lujo en comparación a lo que a partir de ese año recibimos.

Aparte de lo anterior, debemos señalar igualmente que el régimen usaba de caja grande o alcancía sin cerradura al INSS, con préstamos del rey que tampoco satisfacía nunca, como lo hizo Somoza García con el Ferrocarril y otras entidades estatales.

Esa fue, por ende, la primera brutal sangría que sufrió el INSS en el caudal de sus recursos: la deuda caribe y no pagada del somocismo que como quien dice puso la primera piedra para su debacle actual.

El segundo gran golpe a sus finanzas --más bien a las finanzas de los asegurados-- lo recibió el INSS de parte del gobierno sandinista, donde literalmente la cotización se convirtió en un impuesto más para los trabajadores, ya que los beneficios que antes recibían desaparecieron con la vorágine de la guerra civil y con la genialísima idea de los Comandantes, del Sistema Unico de Salud en un país semidestruido.

Pero aparte de ese cuento de la dirigencia sandinista de que los obreros (intelectuales y manuales) que trabajábamos debíamos de subvencionar al resto de la sociedad indigente, también se les ocurrió otra idea de invalidez, vejez y muerte: cargar al INSS 40 mil pensiones de víctimas de guerra, combatientes históricos y de la alfabetización, pensiones de gracia, etc., que en su inmensa mayoría eran personas que jamás habían pagado la más mínima cotización al INSS.

Conceder esas pensiones a las víctimas de guerra o a sus familiares fue justo y humanitario, no cabe duda, pero fue absolutamente ilegal y arbitrario cargárselas al INSS en vez de crear un Fondo especial en las partidas del Poder Ejecutivo para realizar esos pagos.

Veinte años después y ante semejante desastre económico del Seguro Social, los organismos financieros --aunque lo nieguen-- como el FMI, el BID y el Banco Mundial, están recomendando --¿o exigiendo?-- la privatización del Sistema de Pensiones a manos de las llamadas Empresas de Administración de Pensiones, que desde su nombre se parecen a las polémicas y controversiales Empresas Médicas Previonales.

Mientras tanto, ¿qué opinamos los asegurados? De momento y en términos generales, algunos pensamos que cualquiera sea la reforma --que parece inevitable dada la situación agónica del INSS-- al régimen de pensiones, el caso debe ser profundamente estudiado a fin de ajustarlo a la realidad actual de Nicaragua y a las legítimas necesidades de los pensionados, y por supuesto escuchar todas las opiniones que se puedan, pero especialmente a las partes esencialemente involucradas, es decir, a los asegurados.

Más adelante trataremos de abordar otros aspectos específicos sobre este importante tema.