"El estado debe de estar al servicio de los ciudadanos", insiste la Licenciada Haydee Acosta, quien con su experiencia de años de laborar en la iniciativa privada, logra realizar su trabajo diario apoyada en dos jóvenes ejecutivos y una sóla secretaria. Para estructurar los temas que competen a su oficina, Acosta se apuntala en consultores externos que son financiados por los organismos multilaterales.

Por eso fue sorprendente que Acosta lograra presentar uno de los informes más coherentes dentro del documento que sería entregado ayer jueves en la reunión del Grupo Consultivo de Donantes que fue postergada por el Presidente Alemán, la semana pasada. El documento global fue criticado por la sociedad civil como incompleto y superficial, salvándose de la crítica, la parte presentada por el Banco Central y la del Comité Nacional de Integridad que sustentaron sus dichos. La Licenciada Haydee Acosta, es la Directora Ejecutiva del Comité Nacional de Integridad.

Sin embargo, al Comité de Integridad se le cuestionó el presentar como logro, leyes que aún no han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. A lo que la Licenciada Acosta responde que su misión es promover la elaboración de dichas leyes y que éstas sean presentadas a la Asamblea Nacional para que entren en su agenda legislativa.

Uno de los primeros esfuerzos de Acosta fue el Primer Foro Nacional de Integridad realizado en el Olof Palme el año pasado. Este trataba de recoger insumos de lo que la población necesitaba que se contemplara en un plan nacional de integridad. Llegaron 1,300 personas al Olf Palme. "No hicimos ese plan en una oficina, sino que con las inquietudes de todos los que llegaron", comenta Acosta, agregando que también se realizaron 28 consultas en todos los departamentos del país, incluida la Costa Atlántica, para que este plan fuera del consenso nacional.

Previo a este esfuerzo habían realizado una muestra con seis mil familias nicas para conocer las principales inquietudes y cómo percibía el pueblo al Ejecutivo y sus diferentes ramas. Dentro de la encuesta, Acosta acepta que las instituciones salieron mal calificadas ya que la gente las percibió como lugares con altos grados de corrupción.

"La percepción de la gente no siempre se corresponde con la realidad, pero ellos estaban expresando su opinión, lo que indica que algo está fallando, o no estamos proyectándonos en la forma adecuada, o que en realidad no estamos siendo lo suficientemente transparentes. Es una medida para hacer un examen de conciencia y ver por qué lado la gente percibe por dónde las cosas no están bien. Eso nos permitió realizar el Foro Nacional y luego este Plan Nacional de Integridad", explicó la licenciada Acosta.

"Nuestra misión es ayudar a la sociedad. No tenemos que ser nosotros los que realizamos las acciones, sino que propiciamos el ambiente, o creamos la inquietud a la organización que le compete realizar", repite Acosta, acotando que laboran en una meta a largo plazo, porque deben realizar un cambio de conducta en la sociedad nicaragüense.

"Lo que queremos es promover los valores de honestidad, civismo y ética a todos los niveles. Dentro de esto lo principal es trabajar con la juventud que al fin y al cabo es la que puede propiciar un cambio de conducta, de cultura", explica la licenciada Acosta. Agrega que parte de su responsabilidad es respaldar que haya un marco legal que permita que el trabajo de todo el estado y la sociedad nicaraguense sea un trabajo más transparente.

"Al fin y al cabo, los funcionarios públicos provienen de la sociedad en que se desarrollan y a medida que haya una sociedad más transparente, que valorice mucho más la integridad, tendremos funcionarios más honestos que tratarán la cosa pública como si fuera de su haber personal", dice la Licenciada Acosta.

"Nuestro trabajo es motivar. Está el Código Penal. Por iniciativa anterior se había hecho la reforma del Código, sin embargo se incluyeron dentro de la reforma, artículos que lo ponen en consonancia con la Convención Interamericana en contra de la Corrupción que fue firmado por Nicaragua en marzo del 96, ratificada en noviembre del 98 y ya fue presentada el instrumento ante la OEA", explica Acosta.

Otro anteproyecto de ley propuesto es el de servicio civil y carrera administrativa que fue enviado en diciembre a la Asamblea Nacional. Este no contempla la inamovilidad del funcionario público de manera que éste sólo podrá permanecer en el puesto según las evaluaciones periódicas por su capacidad y desempeño. "La idea es promover la eficiencia y el buen servicio al público. Nos gusta utilizar la palabra "servidor público" porque los funcionarios tienen que darse cuenta que ellos deben brindar un servicio a la ciudadanía" enfatiza Acosta.

Con la juventud trabajan un plan piloto con 500 estudiantes para que aprendan a realizar auditorías sociales según el ámbito en que se desarrollen, y aporten su crítica constructiva.

-Pero ¿cuántas de estas recomendaciones han sido implementadas por el gobierno?

-Es un plan a largo plazo donde se establece que hay que jerarquizar la agenda pública. El Plan Nacional en sí mismo ya es un logro porque tuvo que elaborarse y establecer metas. Dentro de las que cumplimos el año pasado fueron las consultas ciudadanas que fue presentado en Estocolmo en mayo. Distribuimos este plan en separatas en los periódicos.

Ahora vamos a realizar una edición más popular de 500 mil ejemplares. Estuvimos trabajando en un anteproyecto de Código de Etica que salió como un decreto por el Ejecutivo en abril. Ahora ya obtuvimos financiamiento para nuevos proyectos.

Estamos trabajando en una ley de Participación Ciudadana con los organismos no gubernamentales. Lo que se pretende es recoger en un sólo cuerpo de ley, toda la legislación dispersa en diferentes cuerpos de leyes. También estamos trabajando con la Contraloría General en una reforma a la ley de integridad moral de los empleados y funcionarios públicos, que era un decreto ya obsoleto. Estamos sugiriendo que ahora se llame Ley de Probidad", dice la Licenciada Acosta.

Mientras tanto, laboran en una ley de acceso a la información oficial, estableciendo las normas y los tiempos en que los funcionarios públicos deben responder a las inquietudes de la ciudadanía. Es el acceso a los documentos estatales y a rendir cuentas de la acción realizada. De esta forma se da mayor participación a la ciudadanía.

"Este año estamos apoyando a las asociaciones de periodistas para que ellos redacten su propio Código de Etica atendiendo las inquietudes mostradas por el gremio", explica.

Pero ni ella misma se escapa de su propio control, pues está solicitando un diagnóstico sobre el funcionamiento del Comité Nacional de Integridad y sus estructuras para que la sociedad les diga cómo mejorar su actuación. "Así podremos incorporar elementos que nos hagan más operativos, más eficientes de lo que somos ahora", concluye.

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