Ignacio Briones Torres

I

Las aspiraciones de contar con un salario mínimo es vieja en el gremio periodístico. Hasta donde nosotros recordamos nació paralela con el auge de la radiodifusión a mediados de la década de los 50, hace ahora medio siglo.

Las constantes gestiones, planteadas una y otra vez por los colegas con mayor conciencia de clase se estrellaron contra una práctica, viciada de origen, que se incrementó al salir al mercado de trabajo la primera promoción surgida de la Escuela de Periodismo de la UNAN entre 1960 y 1965.

Para esa fecha sobrevivían la mayoría de los colegas empíricos que venían desempeñándose en la profesión desde los años 30, considerados por muchos como la época de oro del gremio no tanto por los beneficios económicos que se recibían, sino por la calidad intelectual de quienes abrazaban el oficio.

Dos problemas o situaciones se plantearon entonces. Primero fué definir cómo debían acceder a la Escuela universitaria los empíricos que no eran bachilleres y, luego, si una vez que surgieran los titulados solamente éstos iban a tener derecho a trabajar.

El primero se resolvió mediante un acuerdo que suscribimos quien esto escribe y Chepe Chico Borgen en representación del Sindicato de Periodistas de Managua y el recordado Rector Magnífico doctor Mariano Fiallos Gil. Por medio de ese acuerdo el Sindicato postulaba como alumnos a sus miembros con cinco años de ejercicio, los que eran reconocidos por la Universidad como equivalente al Bachillerato. No fueron pocos los colegas sindicalizados que obtuvieron sus títulos académicos mediante este acuerdo.

La segunda situación quedó en el aire ya que varios empresarios alegaron e impusieron la tesis de que siendo el periodismo una profesión libre la contratación debía quedar a su criterio, previo reconocimiento de su parte a la capacidad del contrato y no a la condición de titulado.

Con el correr del tiempo varios periódicos desaparecieron y el mercado laboral para los periodistas se redujo a "La "Prensa" y "Novedades" cuyas planillas eran ostensiblemente inferiores a la oferta constituida por los nuevos profesionales.

La mayoría de los egresados de la EdeP de la UNAN, por razones de vergüenza política, por nada del mundo concebían trabajar en el periódico de los Somoza. Y ante la disyuntiva de no ejercer o dedicarse a otra actividad que no era la profesión que habían estudiado, se vieron obligados a contratar espacios en las emisoras y obtener anuncios en el comercio a fin de poder pagar ese espacio a los empresarios radiales y obtener alguna ganancia para ellos.

Por su parte, los empresarios radiales, al instalar sus plantas, lo hicieron concibiendo el papel radiofónico como un medio de distracción de la radioaudiencia y nunca como un vehículo de información.

Bien pronto el Noticiero Radial llegó a convertirse en el espacio de mayor interés para el público, el que realmente dió jerarquía y trascendencia a la radiodifusión, la que llegó a adquirir preeminencia gracias a los periodistas convertidos en clientes de los dueños de las emisoras, sin que éstos de ninguna manera asumían responsabilidades y mucho menos de las prestaciones consignadas en el Código del Trabajo. Y así ha seguido hasta el presente.

II

La administración de los nueve Comandante vino a ser como una prueba de fuego para el periodismo y los periodistas en general y para los radioperiodistas en particular. El alineamiento pro-gubernamental se impuso, o trató de imponerse, a través de la Unión de Periodistas de Nicaragua cuyas dirigencias de 1979 a 1990 se prestaron a la exigencia oficial de que sólo podían ejercer los miembros de esa agrupación. A varios estimables colegas de antiguo prestigio se les pretendió asimismo obligar a que hicieran un curso de "rehabilitación ideológica". Y quienes se negaran eran obligados o irse al exilio o a morirse de hambre.

Veintidos radioperiódicos fueron clausurados manu militari, autorizando posteriormente la reaparición de seis a cuyos directores la Dirección Nacional consideró de leales a la Revolución. 118 periodistas se vieron obligados a pedir asilo en países extranjeros, y a los que quedaron se les garantizó un subsidio estatal llamado eufemísticamente "Presupuesto de Equilibrio".

El más beneficiado con esa medida fué "El Nuevo Diario" y la misma consistía en que si los órganos del Estado (que eran los únicos anunciantes) no proveían la cantidad de anuncios que le permitiera cubrir los costos de producción y planillas salariales el mismo Estado a través de un Fondo Especial que manejaba el Vicepresidente Sergio Ramírez completaba el monto faltante. El END destinó un empleado llamado Bayardo Pérez para que llevara la cantidad faltante y reclamara el monto.

A los radioperiódicos el complemento del Presupuesto de Equilibrio lo entregaba el Sistema Sandinista de Publicidad y en mi Archivo personal conservo varias planillas demostrativas.

III

En medio de la intensa represión en que vivió el gremio durante aquella época, surgió la APN bajo el liderazgo de Francisco H. Larios. Pablo Antonio Cuadra fué su primer Presidente a quien sustituimos nosotros hasta 1991. Después la nueva organización sería dirigida indistintamente por Julio C. Armas, Luis Mora Sánchez y José Torres Morales hasta llegar a su actual Presidente Guillermo Morales Fajardo.

La APN asumió la defensa gremial enfatizando su quehacer en el terreno de lo político debido a que lo primordial por aquellos oscuros años era el rescate de las libertades públicas conculcadas como nunca antes había ocurrido en el país desde cuando en 1833 surgió formal y profesionalmente el periodismo impreso. No hay duda de que esa batalla la ganó el periodismo en mi opinión para siempre.

IV

El sandinismo inventó en el terreno laboral el SNOT, bueno en teoría pero funesto en la práctica, pues lo que se obtuvo fue el empobrecimiento de la clase trabajadora. Líricamente el SNOT, se dijo, debía cubrir también a los periodistas, lo que no ocurrió nunca.

El doctor Arnoldo Alemán ha concebido ahora un proyecto de Ley de Estímulo y Dignificación de los Periodistas que, en esencia, tiende a establecer un salario mínimo de 500 dólares, o su equivalente en moneda nacional, para los radioperiodistas y de US$1.500 para quienes trabajan en los medios televisados. El proyecto, por otra parte, establece una jubilación que sería asumida por el Estado para los periodistas, hombres y mujeres, mayores de 60 años que nosotros estimamos debe ser como mínimo de 400 dólares.

Nunca antes ninguna Administración se preocupó y menos propuso una Ley similar. El gobernante se ha comprometido a enviarlo a la Asamblea Nacional con la esperanza de que sea aprobado antes del primero de marzo día en que se celebra la efemérides más importantes del gremio.

El proyecto no discrimina absolutamente a ningún periodista, cualquiera sea su filiación ideológica o su tendencia partidaria. La UPN, pese a su pasado y la APN, cargando el suyo, han sido invitados a que opinen sobre la Ley y la ausencia de esa opinión podría retrasar su presentación.

Creemos que ambas organizaciones deben unirse para presentar una opinión conjunta al gobernante que nos ha abierto una puerta que viene a reivindicar viejas aspiraciones y que, en consecuencia debe aprovecharse.

Lo contrario sería no poner los pies en la tierra o ignorar las tristes condiciones en que se debate la mayoría de los miembros de base tanto upenistas como apenistas.