Mientras en Nicaragua no se controle drásticamente la corrupción y no haya una voluntad política clara de combatirla, la distancia entre los corruptos que se enriquecen y los honrados que se empobrecen será más grande, poniendo en grave peligro a la democracia. 

Así lo demuestra la última entrega de la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), en donde más del 80 por ciento de la población percibió actos de corrupción en el gobierno, diputados, políticos e incluso en la empresa privada. 

La encuesta fue realizada del 5 y 12 de septiembre pasado entre 1.250 personas, con un margen de error del tres por ciento. La encuesta fue financiada por la Agencia Sueca para el Desarrollo (ASDI). 

La corrupción, dice, tiene consecuencias serias para la vida moral de los pueblos, la democracia, la política y la economía. Desde el punto de vista económico, la corrupción genera perturbadoras distorsiones, en especial los pesados costos adicionales que le impone a las economías nacionales. 

A la fecha no existe forma de medir con certeza el impacto económico de la corrupción. Sin embargo, sus manifestaciones son claras hacia el pago de comisiones y sobre precios ilegales, por coimas y sobornos. Por lo tanto, la corrupción es tan mala, como tener un mal crecimiento económico o déficit fiscal abultado. 

"En Nicaragua, la democracia enfrenta grandes retos de cómo resolver los problemas de gobernabilidad, la corrupción sistemática, la injusticia y la pobreza, por lo que las autoridadeas deben de ser las primeras en tomar la iniciativa de enfrentar la corrupción", afirma el IEN. 
Para combatir la corrupción con determinación, el IEN recomienda: 

1)-- Crear procesos educativos formales e informales sobre la transparencia y la anticorrupción. 
2)-- La transparencia y responsabilidad requiere de una voluntad política clara, y 
3)-- El fomento de la transparencia requiere del concurso de los medios de comunicación, porque son claves para campañas sistemáticas de fomento a la transparencia.

"Nicaragua también debe tomar en cuenta la condicionalidades recientemente impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en mejorías de gobernabilidad, entre ellas transparencia, y equidad social para poder acceder a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC)", dice el IEN. 

"Así, tanto en los compromisos de Estocolmo, como las condicionalidades del FMI para acceder a la iniciativa HIPC, hay un denominador común como es la transparencia, reto que corresponde asumir a todos, donde el gobierno tiene la mayor responsabilidad clara de combate a la corrupción y de una estrategia de transparencia e integridad", expresa la encuesta.