Prácticamente en todo el hemisferio tiene lugar una lucha sin cuartel entre los ciudadanos de pensamiento preclaro, que consideran que la prensa tiene derecho a informar sin cortapisas y con objetividad, y aquellos que detentan el poder y desean periodistas sumisos, que elogian sus logros y escondan sus fracasos.

Tal como se debate en estos días en las 55 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que se celebra en Houston, son pocos los países que se salvan en estos momentos de ser incluidos entre los que conculcan ese sagrado derecho.

Por ejemplo, el gobierno salvadoreño practica una política de puertas cerradas y pone barreras entre los medios y el presidente Flores; en Nicaragua, dos amenazas se ciernen sobre la prensa: un nuevo intento por revivir la colegiación obligatoria y un Código Penal para imponer penas más severas a los periodistas.

En Paraguay, proliferan las demandas contra periodistas, y en Perú, Fujimori promueve el desprestigio de los diarios de oposición, con el objetivo de minar su credibilidad, mientras en Uruguay la libertad de prensa se ha visto debilitada en víspera de las elecciones presidenciales.

Además, en este país, el Gobierno descaradamente condiciona la publicidad para castigar o premiar a los medios.

Respecto de Guatemala, se ha recordado que siguen sin castigo los asesinatos de varios periodistas, aunque se elogió la pena de cárcel para los asesinos del reportero chiquimulteco Jorge Luis Marroquín, a la vez que se expresó temor de confrontaciones con el nuevo gobierno de cualquiera de los dos partidos mayoritarios, por incidentes que se han dado entre periodistas y candidatos a diputados.

Hay que recordar que en ese régimen ha persistido un ambiente de confrontación entre la prensa y el gobierno, y en cuanto al FRG, el historial de algunos de sus integrantes en el tema de los Derechos Humanos hace temer un entorno inadecuado para el disfrute pleno de esa libertad.

Sin embargo, la mayor preocupación proviene de Venezuela, en donde la Constitución que se redacta restringe severamente la libertad de prensa, al desempolvar peligrosos conceptos como la necesidad de "información veraz" y "derecho de réplica", con cuyos eufemismos el gobierno de Chávez busca conjurar cualquier obstáculo que se anteponga a su delirante propósito de instaurar su revolución populista, con él como caudillo omnímodo.

Es justificada la preocupación de la prensa y de los verdaderos demócratas del Continente por esa aberración jurídica en ciernes, particularmente cuando todo parece encaminarse a ceder al mismo Estado el derecho a fijar el criterio de veracidad.

Ante las dos amenazas más serias que se abaten sobre la prensa: nuevas leyes y proliferación de juicios, se debe hacer causa común con el derecho de los ciudadanos a estar informados, rechazar esas maniobras y hacer reiteración de fe con la libertad de prensa, que es hacerla con la democracia.