LA CONSTRUCCION DE LA GOBERNABILIDAD ES CRUCIAL
PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO
CONSTRUIRLA ES TAREA PERMANENTE QUE CONCIERNE A TODOS
ENCUESTA DE OPINION PUBLICA:
LA GOBERNABILIDAD EN NICARAGUA
(Realizada del 05 al 12 de septiembre de 1999)
LAS FRACTURAS EN GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
RECOMENDACIONES EXPLICITAS E IMPLICITAS DE LA OPINION PUBLICA
PATROCINIO:
AGENCIA SUECA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (ASDI)
I N D I C E
DETALLE PAGINA
1. Introducción 03
2. Bases conceptuales en la construcción de la gobernabilidad
democrática 06
2.1 Por qué es importante la gobernabilidad? 06
2.2 A qué conduce la gobernabilidad democrática? 07
3. Factores diagnósticos de la encuesta 09
4. Posiciones de la opinión pública sobre procesos estructuradores en
gobernabilidad 14
5. Principales fracturas en la construcción de la gobernabilidad
democrática 16
6. Recomendaciones explícitas e implícitas de la opinión pública 17
6.1 Recomendaciones explícitas 17
6.2 Recomendaciones implícitas 18
1. INTRODUCCIÓN
Se presenta el documento "Las Fracturas en Gobernabilidad
Democrática en Nicaragua y Recomendaciones Explícitas e Implícitas de la Opinión
Pública", que es la síntesis o los principales hallazgos de la encuesta: "Por
el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática en Nicaragua", realizada del
05 al 12 de septiembre de 1999. La encuesta fue realizada por el Instituto de Estudios
Nicaragüenses (IEN), contando con el patrocinio de la Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional (ASDI).
El objetivo general de la encuesta ha sido el de contribuir al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a través de la identificación de las
principales demandas, aspiraciones y propuestas sobre temas de importancia para Nicaragua
de parte de la opinión pública, captadas a través de investigación cuantitativa, cuyos
resultados permitan a su vez generar el debate en el ámbito nacional sobre las vías que
vayan haciendo viables las bases para un consenso nacional básico sobre la gobernabilidad
democrática, como forma indispensable para que se pueda lograr la estabilidad a mediano
plazo y crear condiciones más seguras para la reactivación económica y social.
De la encuesta, se elaboraron cinco Módulos: 1) Gobernabilidad:
Reformas Institucionales, 2) Módulo Gobernabilidad: Equidad y Justicia Social, 3)
Gobernabilidad: Transparencia, Responsabilidad e Integridad (anticorrupción), 4)
Gobernabilidad Administración de la Justicia, y 5) Gobernabilidad: Legitimidad
Institucional y el presente resumen global. Todos los módulos fueron distribuidos los
cuatro poderes del Estado, a los 94 diputados de la Asamblea Nacional, a los 12
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los cinco magistrados del Consejo Supremo
Electoral, a Ministros de Gobierno, a los gobiernos locales a través de AMUNIC, a los
medios de comunicación, a organismos no gubernamentales, comunitarios, centrales
sindicales, empresa privada, universidades, centros de investigación, a embajadores
acreditados en Nicaragua, a organismos internacionales, a los organismos vinculados al
tema y a las personas interesadas en general.
La muestra:
La encuesta nacional se realizó con el método de probabilidad
proporcional al tamaño de la población, en base a datos del Censo Nacional de Población
y Vivienda de 1995. La selección de la muestra fue trietápica. Primero la selección de
los municipios, segundo a partir del total de segmentos de cada municipio, selección
aleatoria de los segmentos para la muestra y tercero la selección por intervalo de la
vivienda. Se trabajó a priori con distribución global por sexo y edad, de acuerdo a los
datos de población y vivienda del censo de 1995. La muestra fue de 1,250 unidades
muestrales y se diseñó con intervalo de confianza de 95, y el margen de error para
variables claves es del 3%. Representa estadísticamente con ese margen de error a
2,196,612 personas en edad de votar de 16 a más años, de ellas 1,395.482 personas del
área urbana y 801,130 personas del área rural, a la vez 670,600 electores del
departamento de Managua.
Características sociodemográficas y política de la muestra:
Area, un 64.2 por ciento de las personas encuestadas son del área
urbana y 35.8 por ciento del área rural, siendo Managua determinante en el peso urbano de
la muestra (34.4%), esto conforme la estructura del Censo Nacional. Un 51.7% son del sexo
femenino y el 48.3% son del sexo masculino. La estructura de las edades fue de 24.2% entre
16 y 22 años, un 31.4% entre 23 y 30 años, un 21.2% entre 31 a 40 años y un 23.1% de 41
años de edad a más. Un 44% de las personas encuestadas son de la religión católica
practicante; un 24.8 por ciento son católicas no practicantes; un 17.0 por ciento de la
religión evangélica; un 13.4 por ciento de ninguna religión y un 0.8 por ciento son de
otras religiones. Se observa que de forma acumulativa predomina en Nicaragua la religión
católica, pues la mayoría de los nicaragüenses en un 68.8 por ciento se consideran
entre católicos practicantes y católicos no practicantes. Más aún, un 85% son
cristianos, entre 68.8% católicos y 17% evangélicos. En cuanto a la simpatía política,
un 44.2% no simpatiza por ningún partido político; un 27.4% simpatiza por el FSLN y un
19.4% simpatiza por el PLC, entre los principales. Así, estos son los datos de referencia
cuando se hace análisis por posición política. En el módulo sobre Posicionamiento
Político de Nicaragua se amplía este análisis.
En la encuesta, los principales temas abordados son: Equidad y justicia
social (La pobreza, principal reto de la democracia en Nicaragua); percepción sobre la
situación política, económica y social del país; percepción sobre las instituciones,
legitimidad institucional y legitimidad política; transparencia, responsabilidad y
capacidad de respuesta; reformas constitucionales, descentralización y participación
ciudadana; aspiraciones para el futuro de Nicaragua; construcción del consenso nacional.
Para que haya calidad de gobierno, calidad de oposición y calidad de
participación de la sociedad, la base conceptual sobre gobernabilidad democrática
señala entre otras cosas, que debe haber correlación entre práctica política y
opinión pública y las encuestas deben apuntar a motivar esa práctica.
Agradecemos a la Embajada de Suecia el patrocinio del proyecto de
gobernabilidad democrática, dentro del cual se ha realizado esta encuesta.
Agradecemos también la confianza en nuestros trabajos e
investigaciones de parte de entidades internacionales que han financiado estudios o
programas educativos de forma directa e indirecta, realizadas por el Instituto de Estudios
Nicaragüenses (IEN), tales como: La Comisión Europea, Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional (ASDI); Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Programa de
Cooperación Técnica para el Desarrollo de Naciones Unidas (CTPD-PNUD); Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Agencia
Española para la Cooperación Internacional (AECI); Research Triangle Institute of North
Carolina (RTI); Academy for Educational Development of Washington (AED); Programa de
Descentralización y Desarrollo Municipal (PADCO-USAID); Fundación Friedrich Ebert de
Alemania (FES); Proctor & Redfer/Roche/Search y Banco Interamericano de Desarrollo;
INE - Banco Interamericano de Desarrollo; Development Alternatives, Inc. (DAI-USAID);
Family Planning International Assistance (FPIA); Unite Nations Staff College (UNSC).
De igual manera agradecemos de antemano la difusión que se haga de
esta investigación por parte de los medios de comunicación, así como de la lectura
profunda e interesada que haga la institucionalidad política y gubernamental por el bien
del avance del país. Se autoriza la reproducción y la difusión de los resultados de la
encuesta, como una forma en que todos podamos contribuir al debate constructivo que pueda
en alguna medida ser insumo en la definición de políticas públicas y más en general de
políticas nacionales con amplio consenso social basado en propuestas con el soporte que
da la evidencia empírica. Es una vía positiva para contribuir a desarrollar en Nicaragua
la cultura cívica y la gobernabilidad democrática, partiendo que si se toma en cuenta la
opinión pública se fortalece la democracia participativa. La opinión pública
nicaragüense está mandando claras señales que deben ser atendidas.
Para la reproducción y/o difusión sólo se requiere citar la fuente
ejecutora, el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) y la fuente patrocinadora, la
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).
Este documento se elaboró bajo la coordinación del Msc. Rodolfo
Delgado Romero, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) y de la
Licda. María Luisa Ortega Carballo, Facilitadora de Proyectos del IEN. En la encuesta
participó un equipo de profesionales interdisciplinario, entre economistas, sociológas,
administradores de empresas, estadísticos, abogadas, psicólogas y politólogos.
A continuación se presentan los principales hallazgos de la encuesta,
presentados en: base conceptual de la gobernabilidad democrática, los factores
diagnósticos, posiciones de la opinión pública de procesos estructuradores en
gobernabilidad democrática y propuestas en la búsqueda de soluciones negociadas.
2. BASES CONCEPTUALES
EN LA CONSTRUCCION DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.
2.1 PORQUE ES IMPORTANTE LA GOBERNABILIDAD
La gobernabilidad es importante porque tiene relación con
- la capacidad de desarrollo de una sociedad,
- la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos internos,
- la calidad de vida de los ciudadanos, y
- la capacidad de sobrevivencia de un Estado-Nación como tal.
La capacidad de desarrollo de una sociedad. La temática de
gobernabilidad está estrechamente vinculada al desarrollo. La gobernabilidad y el
desarrollo son factores interactuántes. En un país si no hay buena gobernabilidad no hay
desarrollo y si no hay desarrollo no hay gobernabilidad efectiva. Se puede desafiar estas
relaciones a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo. En el Siglo XXI con el
fenómeno de la globalización todos los países en el mundo estarán compitiendo con
todos los demás países, en condiciones de igualdad y/o de desigualdad. La competividad
sistémica de cada país será determinado por todos los factores. Sin una buena
gobernabilidad un país no podrá competir aún si posee todos los demás factores
necesarios, con riesgos de entrar en la marginalidad competitiva o quedar fuera de ella
contribuyendo así a esquemas existentes de desigualdad. Esto es así porque la
ingoberanbilidad o la gobernabilidad incipiente y vulnerable en un país es directamente
proporcional al atraso, a la desinversión y a la pérdida de riqueza nacional y por tanto
también es directamente proporcional al aumento de la pobreza y de la hambruna. Este es
el caso porque la gobernabilidad es necesaria para COMBINAR a los factores en un conjunto
efectivo. En suma, estar en mejores condiciones para la competitividad sistémica de la
globalización y el desarrollo, es prepararse para nuevos estadios con predominio de
gobernabilidad democrática.
La capacidad de resolver pacíficamente los conflictos internos. En
toda sociedad hay intereses contradictorios y conflictos en torno a ellos. En algunas
sociedades estas son resueltas pacíficamente por medios institucionalizados considerados
legítimos y equitativos por los afectados. En otras sociedades los conflictos se expresan
por medios directos, incluyendo los violentos, que resultan en bajos niveles de seguridad
ciudadana. Los conflictos debilitan la gobernabilidad, pero a la vez es necesario
fortalecer la gobernabilidad para resolver los conflictos. Salir de este circulo vicioso
es necesario para superar a los conflictos y lograr la estabilidad básica. La estabilidad
básica es imprescindible para que una sociedad pueda en primer lugar ponerse de acuerdo
en la identificación de los problemas centrales que le afectan y segundo lugar atender
con mayor propiedad las opciones de solución y más globalmente los retos del desarrollo
y el bienestar de los pueblos.
La calidad de vida de los ciudadanos. La gobernabilidad puede
contribuir a mejor calidad de vida de los ciudadanos en la medida que puede condicionar
positivamente al desarrollo y a la resolución pacífica de los conflictos, la
participación de la sociedad en las definiciones de políticas nacionales que afectan sus
vidas de tal manera de elevar los niveles de seguridad ciudadana, de la dignidad humana y
la calidad humana.
La capacidad de sobrevivencia como Estado-Nación. La historia es
implacable con los países ingobernables. Através de toda la historia ha existido la
formación y disolución de los Estados-Nación. Hoy en día presenciamos el
desmoronamiento de varios de ellos y hay varios más que pueden sufrir el mismo destino en
los próximos años. El fenómeno de la globalización tiene corolario que las identidades
primarias y locales adquieren mayor importancia. Viene a ser el nivel donde todavía se
puede inicidir en decisiones que afectan la calidad de vida. Los Estados con bajos niveles
de integración o adaptación, o que no satisfacen necesidades básicas de la población
en forma crónica—incluyendo la seguridad ciudadana---corren el peligro de
desmoronamiento. O sea la gobernabilidad también es importante al tratar sobre la
capacidad de sobrevivencia misma de un Estado - Nación como tal.
2.2 ¿A QUE CONDUCE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA?
Las sociedades autoritarias y burocráticas están en crisis en todo el
mundo. Las sociedades del socialismo real que eran entre las más autoritarias y
burocráticas ya se derrumbaron. Otras sociedades que en mayor o menor grado con las
mismas características tienen crecientes dificultades. Esto también es el caso de las
organizaciones que tienen esas mismas características, sean ellas empresas, sindicatos,
partidos o iglesias, entre otras. La velocidad del cambio tecnológico, cultural,
político, social, económico y ecológico es tal----siendo todas estas
relacionadas----que las entidades autoritarias y burocráticas entran en crisis de
integración, adaptación y logro de objetivos.
El nuevo tipo de sociedad o de organización del nuevo milenio que
está emergiendo no está totalmente articulada todavía y mucho menos implementada. Sin
embargo, los procesos contemporáneos de construcción de la gobernabilidad democrática
conducen a la transición de sociedades autoritarias y burocráticas a sociedades
participativas y sinérgicas. A continuación se presenta un resumen de los dos tipos de
sociedades---presentados como tipos ideales---así como las características de la
transición misma.
LAS SOCIEDADES EN TRANSICION
Para pasar de una sociedad autoritaria y burocrática que opera de
arriba hacia abajo a una sociedad participativa y sinérgica que opere tanto de abajo
hacia arriba como de arriba hacia abajo, se requiere de un enfoque integral y holístico
que combine la mayor parte de las acciones de desarrollo de la gobernabilidad
democrática. Esto debido al hecho de que el estado de derecho, los derechos humanos, la
transparencia, la responsabilidad y la capacidad de respuesta, son variables críticas
para la transición misma. Este es el caso dadas las características del tipo ideal de la
sociedad autoritaria y burocrática y del tipo ideal de la sociedad participativa y
sinérgica. Lógicamente las sociedades reales caen en puntos intermedios en el espectro
entre los tipos ideales polares.
En sociedades autoritarias y burocráticas que funcionan de arriba
hacia abajo, todo lo que no es permitido es prohibido. La iniciativa es reducida a lo
mínimo y la información es monopolizada. No existe un libre flujo de información, sino
casi toda la información es secreta, salvo aquélla cuya difusión fuera específicamente
autorizada. La información se concentra en pequeños grupos y los objetivos y medios para
alcanzarlos se deciden en discusiones cerradas. Todos, salvo los que tomaron las
decisiones, son responsables para la ejecución de las decisiones.
En resumen, la información no es transparente y es una de las
principales bases del poder, la toma de decisiones es de arriba para abajo mientras que la
responsabilidad es de abajo para arriba, al mismo tiempo que no se valora la capacidad de
respuesta para demandas externas.
Los derechos funcionan a favor de la autoridad y las obligaciones hacia
los ciudadanos, desbalance que debilita el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Esta descripción se acerca mucho a las sociedades con economías
controladas y Estados unipartidistas que han entrado en crisis en casi todo el mundo.
Ellos eran la expresión más pura de la visión de que un centro autoritario y
burocrático debía sectorializar, planificar, normar y controlar casi todo. La mayor
parte de estos Estados ya se han derrumbado. Sin embargo, la descripción también
caracteriza en diferentes grados muchos otros Estados, gobiernos, partidos políticos,
empresas privadas y organizaciones no gubernamentales que son altamente autoritarios y
burocráticos. Uno de sus denominadores comunes es que suelen encontrarse en crisis en la
actualidad. Este tipo ideal de sociedad, Estado o de organización ha mostrado tener una
difícil capacidad de adaptación a las condiciones económicas, sociales, políticas y
culturales de cierre de milenio. En las organizaciones autoritarias y burocráticas hay
altos niveles de estabilidad mientras que los niveles de adaptación son muy bajos, hasta
tal grado que la estabilidad peligra a largo plazo, especialmente en entornos que cambian
rápidamente. Cuando se dan cambios, ya ocurren como cataclismos.
En el tipo ideal de sociedad participativa y sinérgica que funciona
tanto desde abajo hacia arriba como desde arriba hacia abajo, rige el principio que todo
lo que no es prohibido, es permitido. La base del sistema es la iniciativa y los que toman
iniciativas son responsables de sus acciones. Se necesita información para optimizar el
sistema, esto es esencial para que funcione la economía de mercado y los procesos
democráticos. Los obstáculos al libre flujo de información distorsionan los mercados y
limitan la capacidad de una ciudadanía informada a cumplir su papel en una sociedad
democrática. Las metas de la sociedad y los modos como alcanzarlos se caracterizan por un
movimiento paralelo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, participando mucha
gente en las diferentes fases de los procesos de toma de decisión. De esa forma hay
mejores condiciones para que los ciudadanos exijan que los resultados de estos procesos y
sus impactos correspondan a sus expectativas.
En resumen, información transparente significa empoderamiento, la
responsabilidad va a la par con el derecho a tomar iniciativas y el principal criterio de
evaluación es la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas.
Los derechos humanos de los ciudadanos es la estructura básica para el
funcionamiento del tipo ideal y un balance entre los derechos de la autoridad y los
ciudadanos estructura el movimiento de dos vías---abajo-arriba y arriba-abajo. Estos dos
hechos fortalecen al Estado de Derecho.
El hecho de que el principal criterio de evaluación es la capacidad de
respuesta a las demandas ciudadanas genera tensiones en la gobernabilidad democrática de
economías de mercado. Los resultados de los mercados no coinciden necesariamente con las
demandas para determinados resultados en cuanto al equilibrio ecológico, la inclusión
social, valores como igualdad y justicia y otras posibles demandas de los ciudadanos.
Pueden producirse "fracasos del mercado" desde el punto de vista de la
gobernabilidad democrática. Mucho del trabajo de gobernabilidad democrática consiste en
solucionar, equilibrar y re-equilibrar estas tensiones contínuamente. Cuando estos
procesos son exitosos también benefician a los mercados porque los equilibrios
ecológicos, sociales y políticos que puede proporcionar la efectiva gobernabilidad
democrática son importantes premisas para el crecimiento económico sostenible.
La anterior descripción de una democracia participativa en que las
relaciones abajo hacia arriba tienen gran peso también corresponde a organizaciones
altamente sinergísticas de diferentes tipos. Allí hay visiones y misiones compartidas
que estimulan múltiples iniciativas, en redes de redes, con un enfoque holístico e
integral, fijando objetivos, aprovechando oportunidades y resolviendo problemas en forma
creativa y flexible.
En organizaciones altamente sinergísticas hay una gran capacidad de
adaptación y la estabilidad es función de los requisitos de adaptación, de manera que
la estabilidad a corto plazo es siempre precaria, sobre todo en entornos que cambian
rápidamente. El cambio es un rasgo normal de la vida de la organización. La forma de
organización participativa y sinérgica suele caracterizar a las organizaciones mejor
posicionadas para aprovechar los entornos económicos, sociales y políticas mundiales de
fin de milenio, tales como las empresas de tecnología informática avanzada que tienen un
ciclo de productos de sólo seis meses. Muchos de ellos son las organizaciones que más se
acercan al tipo ideal.
En la transición de sociedades autoritarias y burocráticas a
sociedades participativas y sinérgicas el Estado de Derecho, los derechos humanos, la
transparencia, la responsabilidad y la capacidad de respuesta forman parte importante de
la transición misma. Esto implica que cambios con relación a los valores de apertura,
efectividad, eficacia, eficiencia y participación son una parte integral de la
transición, así como lo son también los cambios en materia de información,
comunicaciones, análisis y evaluación. En resumen, los procesos de construcción de la
gobernabilidad democrática de fin de siglo conduce a la transición entre sociedades
autoritarias y burocráticas a sociedades participativas y sinérgicas.
3 FACTORES DIAGNOSTICOS DE LA ENCUESTA
La encuesta confirma resultados de investigaciones que se han hecho en Nicaragua sobre
el estado de pobreza en que está la mayoría de los/as nicaragüenses y el nivel más
acentuado en el área rural. Si bien esta encuesta no estaba dirigida a un estudio
específico sobre pobreza, se utilizaron algunas variables básicas y sencillas cuyos
resultados evidencian esta afirmación. El principal hallazgo es que un 85.6% está en el
nivel de pobreza, medida como la no cobertura de sus necesidades básicas (cobertura de
apenas dos canasta básica) con el ingreso promedio familiar (no incluye remesas
familiares y otras transferencias); que un 57.6% en pobreza extrema al apenas cubrir una
canasta básica y un 29.2% viven prácticamente en la indigencia al apenas cubrir la mitad
de dicha canasta básica. En la zona rural es crítico y preocupante el problema de la
pobreza donde un 96.5% se encuentra en estado de pobreza; un 81.4% en extrema pobreza y
55.5% viven prácticamente en la indigencia.
A ese problema se agrega la situación crítica del desempleo, pues un 48.1% no tiene
trabajo permanente (47.9% en Managua, 52.6% en la zona urbana excluida Managua y 43.8% en
la rural), entre un 11% de desempleo abierto y un 41% de sub- empleo (trabajo temporal no
permanente). Esta situación es más grave para las mujeres pues de las personas que
declaran tener trabajo permanente un 68% son hombres y 36.8% son mujeres. Adicionalmente
hay un 12.1% que nunca han asistido a la escuela, es decir, analfabetismo abierto (en la
zona rural 24.7%), 48 de cada 100 nicaragüenses del campo llegan solamente hasta la
primaria y es mínimo el porcentaje (1.7%) que llega a la universidad, estos datos no
reflejan la tasa real de analfabetismo, pues para ello se requeriría, entre otros,
indagar sobre la situación de escolaridad de todas las personas en el hogar encuestado,
pero da una idea de la problemática. Además de las difíciles condiciones a lo interno
del hogar, por hacinamiento, alto uso de leña para producir alimentos (47% en todo el
país y 88% en la zona rural); dispersión de los servicios básicos (20.9% a nivel
nacional y 56% en lo rural no tienen agua potable; 61.7% a nivel nacional y 97.1% en lo
rural no tienen alcantarillado sanitario), y un 26% que ha pensado emigrar del país en
búsqueda de empleo y mejoría económica en otros países (82%), de ellos han pensado
emigrar a Costa Rica y Estados Unidos mayoritariamente.
Se considera que la pobreza es el principal reto de la democracia en Nicaragua. Este
reto es crítico y crucial para la democracia. Crítico porque un
pueblo con esos niveles de pobreza, de extrema pobreza e indigencia, se debate en la mera
sobrevivencia en un círculo vicioso entre baja capacidad alimentaria y de salubridad y
baja capacidad educativa y tecnológica para salir adelante, situación que pone en
entredicho a la misma democracia en tanto esta tiene como fin último el fomento del
bienestar de sus pueblos. Es crucial porque la pobreza resta capacidad para
emprender la reconstrucción nacional y el mejoramiento de vida de los pueblos; además,
es crucial para ser tomada en cuenta por la institucionalidad política y gubernamental
dada la consideración de amplias mayorías de nicaragüenses que perciben lo siguiente:
- que el actual sistema económico no brinda iguales oportunidades a todos los/as
nicaragüenses (84.3%), un 75% opina que brinda oportunidad sólo a los ricos y que un
87.3% diga que no brinda iguales oportunidades a los pobres.
- que haya un 80.6% que percibe que la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado en
Nicaragua
- que un 59.6% estime que la brecha entre ricos y pobres puede ser factor de violencia
social. De ese mismo 59.6% que aprecia que puede haber violencia social, un 19.9% daría
entre apoyo activo y apoyo sin participar, un 76.9% demandaría que haya soluciones que la
eviten o la rechazaría totalmente. Este último grupo de opinión pública advierte el
peligro de que el aumento de la brecha entre ricos y pobres puede ser factor de violencia
pero no la apoyaría si se produce. En sí en todos los casos de apoyo o no apoyo es
llamado de la opinión pública para que se ponga la atención necesaria sobre esta
problemática.
- Que el 70.1% (70 de cada 100 nicaragüenses) atribuye la pobreza a factores del sistema
socio - político entre las opiniones de que no hay oportunidades de empleo, no hay
suficiente oportunidad para estudiar, no hay igual oportunidad en acceso a recursos
financieros y a la falta de estrategia de desarrollo.
- Que la opinión pública es clara en designar la principal responsabilidad al gobierno
para que impulse procesos y estrategias que fomenten la acción empresarial entre los/as
nicaragüenses para la mejoría económica con equidad, base material para tal fin 83.8
por ciento. Además hay una valoración positiva en señalar al nivel del 80.8% que el
problema de la pobreza es asunto de la sociedad en su conjunto.
La principal reflexión sobre este tema es que el principal reto de la
democracia en Nicaragua es la atención a la problemática de la pobreza, de la pobreza
extrema y de la hambruna igual que al problema del desempleo, reto que nos concierne a
todos/as los/as nicaragüenses. Hacer a la vez referencia cruzada sobre el debate
internacional respecto a las políticas de ajuste estructural que refleja alta
preocupación sobre sus resultados en América Latina alrededor del tema de la equidad, el
aumento de la pobreza y sobre la productividad media de las economías.
Por su vigencia para el debate contemporáneo, incluimos de nuevo las
siguientes citas respecto al tema:
Ver autocríticas y propuestas del Vice-Presidente y Jefe de
Economistas del Banco Mundial Joseph Stiglitz, en su ensayo "Más Instrumentos y
Metas más Amplias: Desde Washington hasta Santiago", abril de 1998, en que plantea
que "El ‘Consenso de Washington’ que definió las políticas de ajuste
estructural abogó por un conjunto pequeño de instrumentos (incluyendo la estabilidad
macroeconómica, comercio liberalizado y la privatización) para alcanzar una meta
relativamente estrecha (el crecimiento económico), mientras se acrecientan las
desigualdades". Insta además a ir más allá del Consenso de Washington, al
señalar que "El consenso pos Washington reconoce tanto que un conjunto más
amplio de instrumentos es necesario como que nuestras metas sean también más amplias.
Buscamos incrementos en los niveles de vida, incluyendo mejoras en la salud, la
educación, no solamente incrementos en el PIB. Buscamos el desarrollo equitativo, que
garantice que todos los grupos de la sociedad, no sólo los estratos más altos, disfruten
los beneficios del desarrollo. Y Buscamos el desarrollo democrático, en el que los
ciudadanos participen de varias formas en las tomas de decisiones que afectan sus
vidas".
Ver también el discurso del Presidente del BID en reunión de
Directores del BID en Barcelona, España que señala que "América Latina muestra
hoy en día avances significativos en el reordenamiento monetario, en reducir los
desequilibrios macroeconómicos, en atracción de la inversión y en el crecimiento
económico. Sin embargo, la distribución del ingreso en América Latina y el Caribe
sobresale por ser la más desigual del mundo", señala además que "el
logro de una economía competitiva no basta para asegurar una economía socialmente
eficiente por lo que se precisan programas específicos impulsados en gran medida por el
Estado, además de dar paso al sector privado, dado que el problema de la pobreza no es
insoluble sino abordable". Ver posiciones reflexivas de Tony Blair Primer
Ministro de Inglaterra y de Jacques Chirac, Presidente de Francia, al respecto que abogan
por un nuevo enfoque a las políticas de ajuste estructural.
Convertir la Tragedia del Huracán Mitch en oportunidades para no sólo
reconstruir sino transformar Nicaragua, implica también aprovechar la oportunidad de
reflexionar sobre el ESAF que es altamente necesario desde el punto de vista de orden
monetario, pero que tiene muchas contradicciones desde el enfoque finalista por un lado y
por otro que un programa económico de cualquier país implica la aplicación de más
instrumentos para el logro de metas más amplias. Para ello es menester que se reconozca
que el ESAF es necesario para lograr metas financieras y crear condiciones para la
solución de la deuda externa, pero a la vez que se reconozca que no es suficiente como
factor del desarrollo sostenible, tal como señala el mismo Stiglipz. El tema de la
equidad, la democratización en el acceso de los recursos y de las oportunidades, el
aumento de la pobreza a escala mundial serán uno de los grandes temas del siglo XXI.
Sobre la Percepción General del País y sobre la Institucionalidad:
- La falta de empleo y pobreza extrema ocupan el 59.7% en la identificación de los
principales problemas del país, seguido de inestabilidad política con 17.1%. Las
principales características de la crisis política es la lucha de poder entre los
políticos (43.8%); el excesivo afán presidencialista, la falta de entendimiento
político, la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana (39.2%). El alto
desempleo ocupa el 72.2% como factor de la crisis económica. Igualmente, el alto
desempleo, la pobreza extrema y la hambruna aglutinan el 86.7% de los factores de crisis
social en la opinión pública.
- Otro dato relevante es la baja la opinión sobre determinados aspectos de la vida
nacional estén mejor que el año pasado. Por ejemplo sólo un 15.3% dice que la
situación política está mejor que el año pasado y sólo un 11.4 cree que la situación
económica está mejor que el año pasado, siendo aún más bajas sobre la canasta
básica, el salario, la administración de la justicia y la seguridad ciudadana. También,
es baja la opinión de que la situación del país va a estar mejor el próximo año, los
porcentajes no superan el 252%, especialmente los precios de la canasta básica, el
salario, la administración de la justicia. Es decir que sigue predominando quienes
aprecian que la situación estará peor para el próximo año en diferentes tópicos
políticos, económicos, sociales, institucionales y derechos humanos. En general el
balance neto entre quienes consideran que la situación de los temas analizados va a estar
mejor y los que consideran que va a estar peor para el próximo año en negativa en todos
los temas. Sobre el tema de la canasta básica, 21 de cada 100 opina que estará mejor el
próximo año contra 39 de cada 100 que dicen que va a estar peor. La opinión pública
siente que no cubre sus necesidades básicas y que tiene un problema acumulado de
inflación anual de varios años, mientras que los salarios han tenido incrementos menos
que proporcionales. Sobre el tema de seguridad ciudadana, los niveles de crímenes, de
crímenes atroces, de asaltos, de violación a domicilios, de violación a personas, de
inseguridad de circulación urbana y rural, de delitos sin persecución y otros sin
resolverse, de fallas judiciales al sobreseer a delincuentes, de la poca presencia de este
tema en la agenda nacional, inciden definitivamente en la percepción de 35 de cada 100 de
que la situación de la seguridad ciudadana va a estar peor el próximo año, lo que da un
negativo de 12.7 puntos entre mejor y peor.
- Estos datos son importantes en la toma de decisiones de políticas públicas y de
políticas nacionales. Encontrar respuestas a esos problemas es responsabilidad de todos
pero es al Gobierno al que le corresponde crear los espacios de diálogo que conduzcan a
acuerdos que permitan atender en su justa dimensión tales situaciones, según lo demanda
la opinión pública.
- Es revelador que 65 de cada 100 nicaragüenses perciban que la situación del país
esté igual o en retroceso y que sólo 33 de cada 100 diga que está avanzando, lo que
debe ser una preocupación para toda la sociedad nicaragüense. No obstante, es importante
de que hay más optimismo (51.9%) que pesimismo (28.8%) sobre el futuro del país.
- Problemas centrales a resolver para la construcción de la Gobernabilidad Democrática
en Nicaragua son:
- La alta la percepción de que hay corrupción en los diferentes ámbitos de la vida
nacional. La imagen más afectada en cuanto a percepción de corrupción son los
ministros, los líderes políticos y los diputados, con diferencias mínimas en la
percepción sobre ellos y todos entre 85% tienen imagen de corrupción ante la opinión
pública. La imagen de corrupción sobre los cuatro poderes del Estado, es más alta para
la Presidencia de la República con 82.4% y la Asamblea Nacional con 80.8%, y ligeramente
menor para la Corte Suprema de Justicia con 76.0% y para el Consejo Supremo Electoral con
74.5%. En otras entidades públicas, la percepción sobre corrupción es más alta sobre
las Alcaldías 81.4%, la Policía 79.0%, los Juzgados 75.6%, la Contraloría 74.4%,
escuelas 64.6%, Entes Autónomos 64.1% y Centro de Salud 63.7%. La percepción de
corrupción más baja en relación a los otros ámbitos es el Ejército Nacional de
Nicaragua, con 25 puntos menos que los ministros y los líderes políticos, sin embargo,
para esta misma entidad el balance entre sí y no es negativo en 37.7 puntos, al tener un
60.3% que dicen que sí hay corrupción y un 22.6% que dicen que no. Así como hay alta
percepción sobre corrupción en las esferas del Estado, también es alta para las
empresas privadas (61.1%) y para el país en general con un 75.4 por ciento. Superar esta
percepción de la opinión pública sobre corrupción es responsabilidad de toda la
sociedad en su conjunto, tomando en cuenta que es alta tanto para las entidades públicas,
como para la empresa privada y el país en general. El resumen sobre percepción de
corrupción en los ámbitos públicos, privados y del país en general refleja desde la
opinión pública que son grandes los retos para resolver este problema de corrupción,
percepción que se confirma alta según sea analizada por áreas territoriales y de
simpatía o no por partidos políticos.
- La forma que más perciben la corrupción en los funcionarios públicos es la vida
ostentosa 39.0%, la segunda el rápido aumento de bienes y casas 23.8%, la tercera los
altos salarios en dólares 8.7%, y la cuarta el tráfico de influencia 4.6%, entre las
principales que acumulan el 76.1% de las respuestas. Las formas en que se refleja la
corrupción en las Empresas Privadas son: el tráfico de influencias con funcionarios
públicos 40.7%, en porcentaje más bajo aparece pago de comisiones para obtener obras
públicas 7.5% y sobornos a funcionarios públicos 6.2%, que acumulan 54.4% de las
respuestas, mientras que un 39.4% no sabe o no responde. Las tres formas en que la
opinión pública considera que se refleja la corrupción en el país en general es mucho
enriquecimiento ilícito 60.3%, tráfico de influencia 8.1% y existencia de mafias 9.4%,
tráfico de drogas 7.4%, pandillas juveniles 4.2%, aglutinando el 89.4%.
- Una gran mayoría de los encuestados, al nivel del 89%, afirman que la corrupción les
afecta, o sea que el problema de la corrupción vista como afectación directa no es ajena
a la opinión pública. Sólo un 15.3% dice que se están buscando las vías de solución
para solucionar el problema de la corrupción, mientras que un 81% que dice que se está
haciendo algo pero no lo suficiente o creen que no se está haciendo nada para solucionar
ese problema.
- Sólo un 10.9% aprecia que los funcionarios que cometen actos de corrupción son
juzgados en forma transparente; mientras la mayoría, en un 82.9% valora que son juzgados
en dependencia de sus conexiones o que ni siquiera son juzgados. Un 67.0 por ciento
considera que los funcionarios de altos cargos públicos que tienen negocios deben
ponerlos en administración de fideicomiso; un 16.7 por ciento valora que pueden dedicarse
a la vez al cargo público y negocio; y un 16.3 por ciento no sabe o no responde.
- En cuanto a la Contraloría General de la República
, un 31.1 por ciento valora su
trabajo entre muy bueno y bueno, un 39.6 por ciento lo considera regular; y un 15.8 lo
evalúa entre malo y muy malo. Más de dos tercios de los informantes (63.1%) consideran
que la Contraloría General de la República debería tener más autonomía funcional y
administrativa y un 20.6 por ciento valora que debe quedar tal como está. La mayoría de
los informantes, en un 68.1% considera que la Contraloría debería responder por sus
actuaciones y rendición de cuentas ante el pueblo en general. Un 58.9 por ciento está de
acuerdo que se mantenga como ley actual, donde el Contralor es la máxima autoridad; un
25.5 por ciento dice que debe ser de forma colegiada, de ellos, un 63.7 por ciento dice
que el nombramiento debe ser de Personas notables. Un 15.1 por ciento asegura que la
Contraloría General de la República le sirve bastante tal como está; un 36.1 por
ciento dice que le sirve poco; y un 39.9 por ciento valora que no le sirve en nada tal
como está. Lo principal que debe hacer la Contraloría para servir mejor es actuar con
imparcialidad y tener firmeza ante irregularidades en el Estado, aglutinando el 83.2 por
ciento de las respuestas.
- En cuanto a legitimidad institucional.
La legitimidad se gana en base a la efectividad (eficiencia más
eficacia) de las instituciones de la democracia en sus responsabilidades de servidores
públicos y de fomentar la seguridad ciudadana, la calidad de vida y la dignidad humana.
Así, la medición del desempeño de las instituciones de la democracia desde la
perspectiva de la opinión pública es importante para tanto las mismas instituciones como
para ir construyendo indicadores sub-jetivos de legitimidad institucional.
Ante la pregunta si le sirven las instituciones tal como están, las
respuestas fueron las siguientes:
Si le sirven las instituciones tal como están:
|
Bastante |
Poco |
Nada |
| La Presidencia |
16.3 |
35.7 |
45.2 |
| Alcaldía |
14.3 |
41.3 |
42.5 |
| Asamblea Nacional. |
8.9 |
37.4 |
47.8 |
| Admón. de Justicia |
11 |
38.1 |
44.8 |
| CSE |
14.2 |
41.7 |
40.6 |
| Policía |
24.6 |
41.3 |
32.8 |
| Ejército Nacional |
21.6 |
34.1 |
40 |
| Contraloría |
15.1 |
36.1 |
39.9 |
| Partidos Políticos |
7.2 |
31.2 |
58.2 |
Los resultados reflejan bajos niveles de que les sirvan las
instituciones tal como están, siendo los más bajos para los partidos políticos, la
Asamblea Nacional, la administración de la justicia y los menos bajos en esa percepción
son la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Sin embargo, el denominador común es
que las mayores respuestas están en que les sirven poco o nada.
Un 46.1 por ciento desaprueba la gestión del Gobierno (52.7% en
febr-99) y un 31.8 por ciento lo aprueba (30.7% en febr-99); mientras que un 21.1 por
ciento tiene una opinión neutra (14.8% en febr-99). Un 51.7 por ciento desaprueba el
desempeño del FSLN y un 29.9 por ciento lo aprueba; mientras que un 16.3% tiene una
opinión neutra. En resumen sobre estas dos preguntas, tanto la gestión del gobierno como
el desempeño del FSLN como oposición reciben más desaprobación que aprobación con un
balance neto negativo de 14.3 y 21.8 puntos respectivamente.
Un 49.3 por ciento desaprueba el desempeño de Arnoldo Alemán como
Presidente y un 31.3 por ciento lo aprueba; mientras que un 18.4 por ciento tiene una
opinión neutra. Un 52.7 por ciento desaprueba el desempeño de Daniel Ortega y un 30.3
por ciento lo aprueba; mientras que un 15.8 por ciento tiene una opinión neutra. En
resumen sobre estas dos preguntas, tanto el desempeño de Arnoldo Alemán como Presidente
de la República como de Daniel Ortega como líder opositor del FSLN reciben más
desaprobación que aprobación con un balance neto negativo de 18 y 22.4 puntos
respectivamente.
El primer aspecto positivo del gobierno actual es la reparación de
carreteras, calles, caminos y puentes (59.9), un 18.7% no sabe o no responde, los demás
aspectos tienen porcentajes menores del 5%, para la primera respuesta. El primer aspecto
más negativo del gobierno actual es mucha corrupción y enriquecimiento ilícito, seguido
del alto desempleo, aglutinando el 77.6 por ciento para la primera respuesta.
Un 66.8% no siente que sus intereses estén representados por el
gobierno
La valoración positiva de que el Gobierno responde a los intereses de
todo el país (2.3%) y de toda la población (2.2%) acumula apenas un 4.5 por ciento; en
cambio, la valoración de que responde a los intereses del mismo gobierno (75.4%), sólo
los empresarios (5.9%), de los partidos afines (5.3%) y de nadie (1.7%) acumula un 88.3
por ciento.
- Un 61.3% considera que el Gobierno Sandinista no actuó de acuerdo a la ley y un 30.5%
opina lo contrario; un 47% valora que el Gobierno de Doña Violeta Barrios no actuó
conforme a la ley y un 46.8% opina lo contrario; un 59.4% considera que el Gobierno actual
no actúa conforme a la ley y un 32.1% opina que sí. Igualmente, un 62.9% considera que
el Gobierno Sandinista no fue justo y honesto y un 29.3% opina lo contrario; un 50.8%
valora que el Gobierno de Doña Violeta Barrios no fue justo y honesto y un 42.6% opina lo
contrario; un 62.7% considera que el Gobierno actual no es justo y honesto y un 27.4%
opina que sí.
POSICIONES DE LA OPINION PUBLICA SOBRE PROCESOS ESTRUCTURADORES
DE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN DETERMINADOS TEMAS.
9. En cuanto a los acuerdos preliminares entre PLC y el FSLN.
Un 31.9% considera que las negociaciones entre el PLC y el FSLN son
beneficiosas para el país; un 22.8% dice que son perjudiciales; un 32.3% valora que no
son ni beneficiosas ni perjudiciales para el país, es decir que le es indiferente. Cerca
de la mitad (44.8%) está de acuerdo que dicho proceso es un acuerdo sólo entre dos
partidos que responde a sus intereses políticos; un 35.9% considera que es un acuerdo
nacional de beneficio para el país y/o de beneficio para los pobres. La mayoría en ambos
casos valoran que el proceso negociador entre el FSLN y el PLC tiene más beneficio tanto
para el PLC (65.5%) como para el FSLN (60.2%). Alrededor de la mitad de los encuestados
(52.8%) valoran que en los Acuerdos FSLN-PLC, se benefician ambos; un 18.1% considera que
el PLC se beneficia más; un 11.5% dice que el FSLN se beneficia más; un 3.8% considera
que ninguno se beneficia. Estas consideraciones generales se contrastan con los acuerdos
específicos, después del punto 10.
10. En cuanto a los temas específicos sobre las reformas
institucionales
- Hay una posición dividida entre los que consideran que el financiamiento electoral a
los partidos políticos debe entregarse antes de las elecciones a todos los partidos por
igual (47%) y los que consideran que debe entregarse posterior a las elecciones y conforme
a votos que alcancen como mínimo un 4%.
- La mayoría de los informantes en un (69.9%) consideran que se debe mantener la
Suscripción Popular como la Ley actual; un 16.8 por ciento está de acuerdo que se
elimine conforme acuerdos FSLN-PLC.
- Un 49.3% dice que la Constitución Política debe ser reformada; un 22.6% valora que
debe ser cambiada totalmente; un 21.7% dice que dejarse tal como está.
- Los Presidentes de los Consejos Electorales Departamentales y los Presidentes de la
Juntas Receptoras de Votos, deben ser elegidos por el Consejo Supremo Electoral (53 y
54%), mientras que un 13.9% y 15.7% respectivamente dicen que pueden ser los partidos
políticos y un 24.8% y 23.1% respectivamente que deben ser los partidos políticos según
cuota de votos de las elecciones pasadas.
- Hay una posición dividida entre los que consideran que los votantes deben escoger a los
diputados a la Asamblea Nacional según la ley actual en que la ciudadanía vota por lista
de candidatos de un partido por plancha (39%) o votar por diputados entre varias listas de
candidatos y de partidos (42%).
- Hay una posición de rechazo a la reelección presidencial y la inclinación mayor a que
haya elección una sola vez para una persona al cargo de Presidente de la República. Un
31.6% apoya la reelección presidencial, mientras que un 61.8% no apoyaría esa
iniciativa. Un 46.9% apoya la elección presidencial una sola vez en la vida para una
persona; un 17% apoya la reelección en dos períodos seguidos; y un 28.1% apoya la
reelección alterna como dice la Constitución Política.
- Un 20.6% está de acuerdo que se permitan la existencia de Partidos Políticos
Regionales; un 14.7% está de acuerdo que se permita de Partidos Políticos Regionales,
sólo para las elecciones autónomas y locales de la Costa Atlántica; y un 42.6%
considera que todos los Partidos Políticos deben tener carácter, dimensión y presencia
nacional.
- Casi la mitad de los informantes (48.3%) está de acuerdo que queden electos en la
primera vuelta los que obtengan al menos el 45% de los votos válidos, conforme a la ley
actual; un 26.9% valora que se debe eliminar la segunda vuelta; un 7.6% está de acuerdo
que queden electos en la primera vuelta los que tengan al menos el 40% de los votos
válidos; y un 3.8% dice que queden electos en la primera vuelta con al menos 35%, si hay
una diferencia del 5% sobre el segundo partido.
- La mayoría prefiere que los nombramientos de los integrantes del Consejo Supremo
Electoral (68.2%) y de la Corte Suprema de Justicia (68.8%) deben ser por personas
notables, un 9.5% y 10.2% respectivamente que sean personas notables de partidos
políticos y un 15.1% y 15.6% respectivamente que sean de los partidos políticos según
resultados de las elecciones pasadas.
- Alrededor de dos tercios de los encuestados (61%) no está de acuerdo que se les de la
oportunidad de ser candidatos presidenciales a los/as nicaragüenses que alguna vez
renunciaron a su ciudadanía y un 34.4% dice que sí.
- La mayoría de los nicaragüenses, en un (75.5%) no está de acuerdo que el Presidente
de la República saliente ocupe automáticamente por el siguiente período presidencial un
escaño de diputado en la Asamblea Nacional sino que lo debe obtener por voto popular.
- Un 41.8% considera que el Presidente de la República no debe tener inmunidad en ningún
caso; un 29% valora que debe tener inmunidad sólo en casos especiales; y un 19.5% dice
que debe tener inmunidad siempre
- 80 de cada 100 nicaragüenses (80.2%) no está de acuerdo con la división de Managua,
sino que opina que quede igual como está, con consenso político respecto al tema, pues
un 83.4% de los simpatizantes del FSLN, un 73.7% de los simpatizantes del PLC y un 81.6%
de los que no simpatizan con ningún Partido Político no están de acuerdo con la
división de Managua.. A la vez el 84.0% de los que viven en Managua, no están de acuerdo
con la división de Managua. Las principales observaciones captadas por el personal
encuestador están en primero debe haber un estudio integral que lo justifique, que la
división no debe surgir como interés político.
- Un 46.5% está de acuerdo que el Superintendente sea nombrado por la Asamblea Nacional
por 5 años como cargo público único, conforme ley actual; un 17.9% está de acuerdo que
el Superintendente sea ejercido por el Presidente del Banco Central, a como propone la
Presidencia de la República.
- La mayoría en ambos casos considera que la Asamblea Nacional debe nombrar al Procurador
(75.9%) y al Fiscal (74.6%), siendo bajo el porcentaje de los que consideran que debe ser
el Presidente de la República.
- La mayoría (88.9%) está entre muy de acuerdo y de acuerdo que las donaciones
nacionales y extranjeras a las campañas electorales se regulen.
- Casi la mitad de los encuestados (48.2%) está de acuerdo que los Partidos Políticos
hagan Alianza en cualquier momento, como dice la ley; un 26.7 por ciento valora que sólo
los Partidos Políticos vigentes pueden hacer alianzas; y un 25.1 por ciento no tiene
opinión al respecto.
- Un 57% está de acuerdo que la elección del Presidente y Vice Presidente del
Consejo Supremo Electoral sea por período fijo de cinco años conforme ley actual; un 16%
valora que deben ser elegidos por los Magistrados por un año sin reelección; un 16.4%
considera que deben ser elegidos por los Magistrados por un año pudiendo ser electos.
- Un 58.9% está de acuerdo que la máxima autoridad sea el Contralor por período de 6
años, como ley actual y un 25.5% dice que debe ser de forma colegiada. De ese 25.5% que
se inclina por la colegiación, un 63.7% dice que debe ser de Personas notables. El hecho
principal es que una mayoría significativa favorece que la Contraloría General de la
República quede igual como está.
- La mayoría a nivel nacional, en un 78.3% tiene entre poca y ninguna confianza en los
diputados, y sólo un 16% tiene entre alta confianza y confianza en los mismos.
- Alrededor de dos tercios (67.7%) de la opinión pública, proponen que es necesario un
Referéndum o consulta para que la ciudadanía apruebe o rechace los acuerdos entre el
FSLN y el PLC, un 19.5 por ciento considera que es suficiente que esos acuerdos sean
aprobados por la Asamblea de cada Partido.
5. PRINCIPALES
FRACTURAS EN LA CONSTRUCCION DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN NICARAGUA
En resumen, desde la opinión pública, las principales fracturas en
los retos de la construcción de la gobernabilidad democrática en Nicaragua son:
- Los bajos niveles de equidad social, tomando en cuenta que el principal reto de la
democracia es la calidad y dignidad humana, frente a la realidad actual de deterioro en
los niveles de pobreza, insuficiente crecimiento de la tasa neta de empleo permanente,
percepción que la brecha entre ricos y pobres puede ser factor de violencia social, que
la mayoría demandaría soluciones que la eviten, le percepción que el actual sistema
económico no brinda oportunidades a todos, sólo brinda oportunidades a los ricos.
- Los problemas en la calidad de la justicia que va en desmedro del estado de derecho, en
circunstancias del arrastre de valores de cultura política de varios siglos en que el
poder gubernamental y los intereses del momento de los más poderosos de la sociedad
estén por encima de las instituciones, a lo que se suma los bajos valores de legitimidad
institucional de la administración de la justicia, desde la percepción de la opinión
pública.
- Los bajos niveles en transparencia e integridad en la percepción de la opinión
pública y que eso les afecta en su plano personal, que la corrupción en el ámbito
público lo perciben por vida ostentosa, rápido aumento de bienes y casas, trafico de
influencia y altos salarios en dólares, la baja percepción de voluntad política clara
de combate a la corrupción y la percepción que los funcionarios corruptos son juzgados
en dependencia de sus conexiones o que ni siquiera son juzgados.
- Los bajos niveles de legitimidad institucional, al percibir la opinión pública que las
instituciones públicas consultadas y los partidos políticos no les sirven tal como
están, la alta percepción de no sentirse representado por los intereses del gobierno,
que el gobierno responde principalmente a los intereses del mismo gobierno.
- La valoración de retrocesos en la institucionalidad del país, al haber una dirección
distinta en la opinión pública respecto los acuerdos preliminares entre dos partidos
políticos, el Partido Liberal Nacionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), ya que la opinión púb.lica apunta a mayor capacidad independiente de
las instituciones, a nombrar personas notables por méritos profesionales y no de partidos
políticos y mayor estabilidad con nombramientos estables de sus máximas autoridades, a
la capacidad de las instancias locales al derecho a la suscripción popular y al derecho
que les asiste en demandar referéndum para que la población tenga oportunidad de aceptar
o rechazar dichos acuerdos.
- La distancia entre el deseo de un acuerdo nacional ampliamente consensuado y la agenda
nacional actual desprovista hasta el momento de visión siquiera de mediano plazo y de la
baja capacidad de abordaje y concreción de los grandes temas para la reconstrucción y
transformación del país y mejora del nivel de vida.
6. RECOMENDACIONES EXPLITICAS E IMPLICITAS DE LA OPINION PUBLICA.
6.1 RECOMENDACIONES EXPLÍCITAS:
11. La opinión pública plantea demandas concretas:
En transparencia e integridad, recomiendan lo siguiente:
- Que se apliquen medidas de control y auditorias, nombramiento de funcionarios honestos,
hacer denuncia pública, cambio de mentalidad en los funcionarios, juzgar públicamente a
funcionarios corruptos, voluntad política para combatir la corrupción y la transparencia
en los funcionarios públicos (83.5%), para así evitar la corrupción en la
Administración Pública.
- que el Gobierno busque cómo implementar el Plan Nacional de Integridad (91%); y que le
de seguimiento y continúe con el Plan presentado (90.6%). Que los funcionarios de altos
cargos públicos que tienen negocios deben ponerlos en administración de fideicomiso
(67%)
- El planteamiento de la opinión pública de que la Contraloría General de la República
debería tener más autonomía funcional y administrativa (63.1%) y de que la Contraloría
debería responder por sus actuaciones y rendición de cuentas ante el pueblo en general
(68.1%). Que se debe mantener como ley actual, donde el Contralor es la máxima autoridad
(58.9%).
- La disposición de la ciudadanía de participar en el control para la buena gestión
pública local (83 de cada 100 nicaragüenses están dispuestos a participar) lo que
fomentaría la transparencia e integridad en nuestro país en procesos de abajo - arriba.
En legitimidad institucional:
- Los principales planteamientos de la opinión pública para que las instancias del
Estado sirvan mejor están: Para la Presidencia de la República en demandar estrategias y
políticas nacionales que estimulen el empleo (83.7%); a la alcaldía mejorar las calles y
caminos del municipio y atender el problema de la pobreza (83.7%); a la Asamblea Nacional
hacer leyes que favorezcan al pueblo y leyes para el desarrollo del país (81.6%); a la
Administración de la Justicia, imparcialidad en la aplicación de la justicia,
aplicación rigurosa de la ley a los delincuentes (84.9%); al Consejo Supremo Electoral,
mejorar y agilizar el sistema de cedulación y que se organicen mejor (88.1%); a la
Policía, que den mayor protección a la ciudadanía y mayor respuesta a los llamados ante
peligro (89.8%); al Ejército Nacional, que tengan firmeza en el resguardo de la
soberanía nacional y que tengan mayor subordinación a la autoridad civil (80.3%); a la
Contraloría General de la República, actuar con imparcialidad y que tenga firmeza ante
irregularidades en el Estado (83.2%); y a los Partidos Políticos que se preocupen más
por el pueblo que por ellos y que cumplan lo prometido (91%). Que casi la totalidad de los
nicaragüenses (90de cada 100) aseguran que los gobernantes deben de gobernar para todos
por igual, dando participación a la sociedad civil y a los/as trabajadores.
- Ante la crisis nacional valorada por la opinión pública, señalada en el diagnóstico,
85 de cada 100 nicaragüenses aseguran (85.4%) que para solucionar los problemas de
Nicaragua es necesario un acuerdo nacional entre todos los sectores y territorios. Así
opinan el un 86.9% de Sandinistas, un 88.5% de Liberales, un 83.7% de los que no
simpatizan con ningún Partido Político. Un 74.7% cree que es posible lograr ese acuerdo
nacional si se antepone el interés de la nación a los intereses políticos y económicos
particulares.
- Para avanzar en la democracia los aspectos básicos que debe contener este acuerdo
nacional son: En el aspecto político el respeto al proceso electoral como forma
única de acceso al poder político (19.1%); el respeto y tolerancia a los espacios
políticos de cada organización (14.1%); la vía cívica como forma única de lucha
política (12.1%); la lucha contra la corrupción (12.2%); y las bases de consenso para
formular una estrategia nacional de desarrollo sostenible (10.6%), entre los principales. En
el aspecto económico, elaborar estrategia para solucionar el problema de desempleo
(61.5%); elaborar estrategia para solucionar problemas de la pobreza y la extrema pobreza
(19%); y estrategia para solucionar el congelamiento salarial, entre los principales.
En cuanto a las reformas institucionales:
- Recomiendan que se mantenga la Suscripción Popular como dice la Ley actual (69.9%).
Recomiendan que los Presidentes de los Consejos Electorales Departamentales y los
Presidentes de la Juntas Receptoras de Votos, deben ser elegidos por el Consejo Supremo
Electoral (53 y 54%). La mayoría prefiere que no haya reelección presidencial y la
inclinación mayor a que haya elección una sola vez para una persona al cargo de
Presidente de la República (61.8%)
- Se recomienda que los nombramientos de los integrantes del Consejo Supremo Electoral
(68.2%) y de la Corte Suprema de Justicia (68.8%) deben ser por personas notables.
- Hay desacuerdo a que el Presidente de la República saliente ocupe automáticamente por
el siguiente período presidencial un escaño de diputado en la Asamblea Nacional sino que
lo debe obtener por voto popular (75.5%).
- La opinión pública considera que el Presidente de la República no debe tener
inmunidad en ningún caso; solamente un 29% valora que debe tener inmunidad sólo en casos
especiales; y un 19.5% dice que debe tener inmunidad siempre.
- Recomiendan que no se divida Managua (80.2%), sino que quede igual como está..
- Consideran que la Asamblea Nacional debe de nombrar al Procurador (75.9%) y al Fiscal
(74.6%), y no el Presidente de la República.
- Las donaciones nacionales y extranjeras a las campañas electorales deben ser reguladas
(88.9%).
- Que la elección del Presidente y Vice Presidente del Consejo Supremo Electoral sea por
período fijo de cinco años conforme ley actual (57%).
- Que la máxima autoridad sea el Contralor General de la República por período de 6
años, como ley actual (58.9%), y no de forma colegiada
- Proponen que es necesario un Referéndum o consulta para que la ciudadanía apruebe o
rechace los acuerdos entre el FSLN y el PLC. (67.7%)
6.2 RECOMENDACIONES IMPLÍCITAS
Como siempre, en las encuestas nacionales, el Instituto de Estudios
Nicaragüenses (IEN) apunta a indagar temas de fondo sobre normas, valores, cultura
política de los nicaragüenses, para determinar en el presente, mediano y largo plazo si
tenemos la ‘materia prima’ para avanzar en la construcción de la democracia y
en la democratización a todos los niveles. Encuestas anteriores han determinado en los
nicaragüenses fuerte apoyo a las normas democráticas, valoras tanto como afirmación
como de negación a valores que se le antepongan. Como afirmación el respecto al sistema
electoral como única vía de acceso y alternabilidad del poder político, el deseo de la
estabilidad básica del país, la tolerancia a la disidencia política, las demandas del
uso del diálogo en la solución de las controversias, las demandas hacia un diálogo
nacional entre todas las fuerzas vivas del país, la no violencia política y la
aceptación a las manifestaciones en demandas sociales y políticas en forma cívica. Como
negación, el rechazo a la violencia política, a las manifestaciones violentas que
rebasen las vías cívicas, al respeto a la propiedad privada, a la no toma de edificios
públicos y rechazo masivo al cierre de calles o carreteras, desaprobación a que se
organicen grupos que quieran derrocar gobiernos electos o que se constituyan dictaduras
desde el poder. Numerosos reconocimientos ha tenido el IEN por estos trabajos, tanto a
nivel nacional como de instancias internacionales acreditadas en Nicaragua.
SER UNA SOCIEDAD TRANSPARENTE
- La recomendación implícita y principal de la opinión pública es el anhelo de ser una
sociedad transparente sin enriquecimiento ilícito, apegada a la ética, con una cultura
de legalidad, sin corrupción y sin impunidad, donde se apliquen medidas de control y
auditorías, se nombren funcionarios públicos honestos, se busquen la vías de solución,
y que la ciudadanía participe activamente en el control para la buena gestión pública.
- Hay desaprobación en la sociedad hacia lo ostentoso y el rápido aumento de bienes y
casas, lo que implícitamente deriva en la opinión pública la no aceptación de
categoría superior de altos funcionarios públicos.
- Nicaragua debe demostrar gobernabilidad y transparencia como condicionalidades de los
acuerdos de Estocolmo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a fin de
lograr una efectiva cooperación internacional para la realización de planes y programas
de desarrollo sostenible y alivio de la pobreza, bajo la premisa que la transparencia e
integridad son garantía para la efectividad, tanto de los programas con fondos
nacionales, como la efectividad de la cooperación externa sobre programas, proyectos y
actividades. Es al Gobierno a quien mayormente corresponde iniciativas y voluntad
política clara sobre la transparencia e integridad.
- Es necesario que el Estado en su conjunto con una necesaria visión de nación y con la
efectiva participación de la sociedad, asuman el reto de establecer una estrategia común
que solucione a fondo el problema de la corrupción en el país, pues la corrupción
afecta la gobernabilidad, la ética, la pobreza, en suma los derechos humanos.
SER UNA SOCIEDAD MAS EQUITATIVA
- Debe haber una estrategia nacional de desarrollo con enfoque holista e integral, que a
la vez articule un proceso lógico medible entre reducción de deuda, reducción de la
pobreza, reducción al máximo de la corrupción, aumento de la gobernabilidad y aumento
de la equidad social.
- Alta preocupación por los niveles de pobreza, de extrema pobreza y de indigencia. A la
vez, alta preocupación por la percepción que tiene la opinión pública de que la brecha
entre ricos y pobres está aumentando en Nicaragua, que ese aumento de la brecha puede ser
factor de violencia social, aunque la mayoría demandaría que haya soluciones que la
eviten.
- La opinión pública valora que el actual sistema económico no brinda oportunidades a
todos, brinda oportunidades sólo a los ricos y ninguna oportunidad para los pobres.
Implícitamente la opinión pública demanda que haya democratización en el acceso a las
oportunidades productivas, educativas, salud y que haya democratización en el acceso a
los recursos escasos.
- La recomendación de una sociedad con cambios en la política económica, con equidad,
donde se le de solución al problema de la pobreza, se incremente la tasa de empleo
permanente, hayan más oportunidades para estudiar, donde los ciudadanos puedan cubrir sus
necesidades básicas, tengan mejoras de los servicios básicos y de las condiciones a lo
interno del hogar, un país donde se pueda disminuir la diferencia entre ricos y pobres,
donde el sistema económico brinde iguales oportunidades a todos los nicaragüenses.
SER UNA SOCIEDAD DIALOGANTE
- El deseo de una sociedad dialogante, concertadora y no violenta, que permita la
construcción del consenso, haya entendimiento nacional o diálogo entre todos los
sectores y territorios, anteponiendo el interés de la nación en lugar de intereses
políticos y económicos particulares, donde haya además voluntad mínima para negociar,
disposición para negociar cediendo, y se fomenten los valores de cultura política
democrática negociadora, tolerante, incluyente, el respeto a las diferencias de ideas y
la convivencia pacífica.
SER UNA SOCIEDAD APEGADA A LA INSTITUCIONALIDAD
- El anhelo de una sociedad apegada a la institucionalidad, donde las elecciones sean la
única vía de acceso y alternabilidad del poder político, no hayan derrocamiento de
gobiernos electos, y que los gobernantes gobiernen para todos los nicaragüenses y no
sólo para sus partidarios.
- Una sociedad con cambios en la relación entre políticos, donde implementen el diálogo
en el que resuelvan sus diferencias, pero no en nombre de todo el país, que se preocupen
más por el pueblo que por ellos mismos., que promuevan y practiquen valores de una
cultura política democrática tolerante, negociadora, incluyente, con visión de nación,
descentralizada, de largo plazo y proactiva.
- Una institucionalidad donde sus máximas autoridades sean nombradas con base a ser
notables, con amplio mérito profesional que contribuyan a prestigiar la
institucionalidad, que esta sea cada vez más independiente de los partidos políticos y
que las instituciones estén por encima de quienes ostenten el poder gubernamental y de
los intereses del momento de los más poderosos de la sociedad., es decir, con estado de
derecho.
SER UNA SOCIEDAD ESTABLE
- La propuesta de una sociedad estable, con valores democráticos, que construya la
gobernabilidad democrática, con equidad y justicia social, transparente y
descentralizada, y una sociedad participativa y sinérgica, con cultura de confianza y de
cooperación, capaz de empreder ininterrumpidamente la senda del desarrollo de la
demcracia y del desarrollo humano sostenible.