Desafortunadamente esta aberración del ejercicio del periodismo, que en primera y última instancia sólo sirve para sembrar el caos y la anarquía en una sociedad, ha sido adoptada y se viene practicando como si fuera algo normal y ético, especialmente en estos últimos años, por casi todos los medios de comunicación activos en el país.

Con otras palabras esta triste y vergonzosa realidad la abordan en el libro "Los Medios y la Política en Nicaragua" el Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UCA, Dr. Guillermo Rothschuh Villanueva, y el ex director del ex periódico "Barricada" Carlos Fernando Chamorro.

"En un ambiente de hostilidades enconadas, dicen los autores citados, las normas éticas se ven trasgredidas...Los medios no escatiman adjetivos y la contienda, lejos de centrarse en los aspectos programáticos...descansan sobre las bondades o iniquidades que perciben", agregando que "una de las peculiaridades del confrontamiento político de la contienda es que el nivel de identificación entre distintos medios y los representantes de las fuerzas políticas es casi absoluto", rematando su percepción con estas palabras lapidarias: "En los medios no hay espacio si se defienden otros intereses que no sean los de la fuerza política con las que se han establecido alianzas orgánicas".

Acudimos a estas referencias interesados como ciudadano por la crisis que en las últimas semanas ha tenido como protagonistas nada menos que a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, crisis que según El Nuevo Diario, edición del lunes 11 de los corrientes, número 68-80, el Dr. Guillermo Vargas Sandino ha calificado de "caótica", definición que corresponde en un todo a la percepción asimilada por la opinión pública.

Digamos, para entrar en materia, que desde en el antetítulo de la información que nos ocupa se manipula la misma, pese a los signos de interrogación con que se adorna. Textualmente dice: "¿Cargos fueron entregados al PLC en el Pacto?". De esta manera se da una entrada subliminal al lector para que crea que la caótica situación admitida por el Dr. Vargas Sandino es de origen político y no institucional y/o estructural, situación esta última que con toda la potestad jurídica que le asiste, trata de resolver la Asamblea Nacional con la modificación del Arto. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial conforme el cual se establece el quorum de la Corte.

Como se sabe, con el retorno a las filas del FSLN del Dr. Francisco Rosales (hecho que han informado la mayoría de los medios), los magistrados que se señalan como roji-negros llegan a cuatro.

Estos cuatro magistrados han demostrado estar dispuestos a imponer a ocho de sus colegas, su voluntad e intereses.

Conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente actualmente el quórum para elegir al Magistrado-presidente y al Magistrado-vicepresidente sólo puede conformarse con 9 magistrados, o sean las 3/4 partes de los doce que integran nuestra máxima autoridad judicial. Este quorum de nueve a todas luces ha venido siendo utilizado "políticamente" para paralizar por un lado la elección del nuevo presidente y del nuevo vice de la Corte y por otra obstruir el accionar del máximo tribunal.

La modificación del Arto. 26 antes referidos, a nuestro entender, permitiría establecer un quorum con la mitad más dos de los magistrados, o lo que es igual a que las decisiones podrán ser tomadas por ocho Magistrados, modificación que de manera rotunda se inscribe en el proceso de modernización que la propia Corte ha venido propagandizando, modernización que ya está siendo calificada como cosmética por parte de la ciudadanía, pues solamente se ha manifestado en la construcción de obras materiales.

El quórum de la mitad más dos de los magistrados equivale al 66.66% del total, porcentual similar al mismo que la propia Asamblea requiere incluso para aprobar una reforma total de la Constitución Política de la República.

Vargas Sandino, según END, dijo también que no se trata solamente de elegir al presidente y al vice de la Corte, "sino a los representantes de todas las salas". A su vez el magistrado Dr. Fernando Zelaya Rojas habría de preguntarse "¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? mientras la Corte se encuentra paralizada. Estamos violando nuestra propia Ley Orgánica al no realizar la elección".

La desinformación, evidentemente orientada a confundir al público con respecto a la crisis de la Corte, mejor dicho en el marco de la misma, oculta que bajo la actual administración liberal no se ha elegido un solo magistrados, oculta asimismo que como consecuencia de la estructura del máximo tribunal, obsoleto según nuestro entender, miles de resoluciones que pudieron haberse tomado, permanecen engavetados. Que esta misma obsolecencia ha impedido que hasta la fecha no se hayan integrado los Tribunales de Mediación para dirimir los incontables casos referidos a las propiedades, lo que ha hecho posible que no pocos de los señores calificados de "piñateros" permanezcan muy orondamente usufructuando bienes ajenos. Permitió también el sobreseimiento del ciudadano guatemalteco que defraudó al Banco Sur y mantiene en "boleo" permanente como se dice popularmente, el caso del "fantasma" Ramón Parrales.

En la Corte hay casos pendientes de resolución desde hace nueve años y la última resolución que se adoptó data del mes de junio.

La lista de casos paralizados, al parecer, es interminable. Y sus resoluciones mantendrán en interminable incertidumbre a los afectados. De ahí que la modificación del Arto. 26 -alejando toda interpretación política y separándola de la práctica de la desinformación- vendría a ser una sustantiva aportación a una auténtica y legítima modernización del Poder encargado de la aplicación de la justicia en nuestro país.

Sintetizando: el caos existente actualmente en la Corte Suprema de Justicia se origina básicamente en la obsolencia de su propia estructura y/o carencia de una reforma institucional de fondo que es la que trata de resolver la Asamblea con la modificación del Arto. 26, del que se están valiendo quienes se oponen a la renovación jurídica del país, en lo fundamental para continuar detentando las usurpaciones perpetradas durante la década perdida (1979-1990).