|
Jueves 14 de Octubre de 1999 Segundo Reportaje Especial desde Sudafrica
Con recomendaciones a los países pobres a tomar acciones y no solamente a quedarse en retóricas, se desarrolló el segundo día de discusiones de la Novena Conferencia Internacional Anti Corrupción, en la ciudad de Durba, Sudáfrica. Los expertos han insistido nuevamente en que, especialmente los países latinoamericanos, deben ratificar y adaptar a sus legislaciones nacionales antes del 31 de Diciembre de este año, la Convención Americana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), acciones que ya fueron comprometidas en las Cumbres de las Américas de 1994 y 1998. Uno de los compromisos más relevantes es el de obligar la declaración pública del patrimonio de los funcionarios públicos de alto rango (y sus familiares) en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; exigir la publicación oportuna de información sobre la actividad gubernamental, incluyendo presupuestos y desembolsos, el acceso a la información y las audiencias públicas para tomarse en consideración la opinión ciudadana. En el caso de Nicaragua que ha ratificado ésta declaración es conveniente hacer notar que se ha comprometido en años anteriores a utilizar los compromisos anti-soborno y los códigos de conducta empresariales que prohiban el soborno en la licitación pública y en los proyectos financiados por el BID y el Banco Mundial, demás está decir que los organismos internacionales quieren que se fortalezcan las entidades fiscalizadoras superiores, en este caso las contralorías, y que éstos organismos gocen de autonomía funcional y administrativa e independencia del Estado, y de cualquier otro tipo de influencia. La organización Transparencia Internacional (TI) reveló que hasta la fecha sólo 25 de los 34 miembros de la OEA han firmado la Convención y solamente 14 de los 34 la han ratificado. Nicaragua, por ejemplo, ha ratificado la convención, pero no ha cumplido con los requerimientos, tales como aprobar leyes que prohiban y penalicen el soborno, la coima, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la divulgación del patrimonio de los funcionarios públicos, la transparencia en las licitaciones públicas, y el acceso libre a la información. En repetidas ocasiones, la Contraloría General de la República de Nicaragua, ha insistido en la urgencia de aprobar este tipo de leyes en nuestro país, sin embargo ni el Poder Ejecutivo, ni la Asamblea Nacional, han demostrado interés. En el segundo día de la Conferencia, el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensonn, dio a conocer un estudio reciente de este organismo en todos los países del mundo, destacando que la corrupción ya no es un tema ajeno a las gentes, que cada vez más se toma mayor conciencia de sus riesgos, peligros y consecuencias. Nicaragua fue uno de los casos analizados del continente americano. Wolfensonn dijo que los países desarrollados están exigiendo mayores controles y supervisiones. Los parlamentarios de países desarrollados ya no quieren aprobar programas de cooperación porque temen que esos fondos vayan a parar a cuentas bancarias de algunos funcionarios públicos, dijo el Presidente del Banco Mundial. Añadió que "faltan no solo reglas y leyes claras para prevenir esta enfermedad (la corrupción), sino además voluntad política, de someterse a la transparencia, las cuentas claras y la rendición de cuentas, que son indispensables en la democracia". El Presidente de Sudáfrica, Tabo Mbeki, dirigió un discurso enérgico y contundente, refiriéndose a las políticas económicas neoliberales, a las que criticó por "promover el individualismo, el consumismo, el materialismo, y todo esto promueve la corrupción" hoy en día la gente utiliza el dinero como un valor o un criterio para medir lo que valen, poniéndose más énfasis en lo que tengo y no en como lo obtuve. "El culto al éxito ha reemplazado las creencias en los principios, la sociedad ha perdido su ancla", dijo el Presidente Mbeki, quien recordó que la sociedad ve perpleja cómo los funcionarios públicos incrementan sus patrimonios y riquezas de forma proporcional a la pobreza de sus países, cuestionando cómo fue que obtuvieron esos bienes o lujos. Por su parte, el Ministro de Justicia de Sudáfrica, Penuel Maduna, exhortó a los 1,600 delegados y representantes de 85 países que asisten aquí, "a pasar de los discursos a los hechos y atacar frontalmente la corrupción, con voluntad y reglas, valores morales, éticos y cívicos". El caso de Nicaragua, la crisis institucional entre la Contraloría General de la República y la Presidencia, es un tema que dominan todas las delegaciones de América Latina, y será uno de los aspectos por abordarse en los plenarios regionales. Los funcionarios de la Vicepresidencia
de Nicaragua, Norman Caldera y Haydeé Acosta, que trabajan en la
reforma del Estado y en el Comité de Integridad, y Violeta Granera,
del Grupo Fundemos, también se encuentran participando de esta Novena
Conferencia Internacional Anti-Corrupción, que debe concluir con
serias recomendaciones al final de la semana.
|
