"Me parece que esa política del gobierno es muy positiva porque permitió que un número considerable de nicaragüenses legalizara su situación en el país", sostiene Mora. Pero es enfático al reconocer que el tema "tiene que ser analizado con toda rigurosidad y sin prejuicios" para poder definir políticas claras y normalizar la situación. Recomendó conocer la experiencia de un país, como los Estados Unidos, en donde la migración ha sido constante y masiva y por lo tanto han establecido distintos tipos de procedimientos y de normas para regular ese proceso.
 

Los nicaragüeses ejercen presión sobre los servicios públicos fundamentales del país, como educación, salud y vivienda.

Ya la administración Rodríguez anunció que fijará una política migratoria próximamente, con base en el resultado del proceso de amnistía. Al respecto, Julio Varela, director del IDESPO, enfatizó que aproximadamente un 70% de los consultados está a favor de que los extranjeros ilegales se pongan a derecho. En su criterio esta manifestación unida al hecho de que se les considera como gente trabajadora es una muestra del espíritu de solidaridad del tico hacia el inmigrante.

Pero, de nuevo, mientras los nicaragüenses no legalicen su estatus, los nacionales no están de acuerdo en mantener una política de puertas abiertas y más bien se manifiesta a favor (casi en un 70%) de repatriarlos o deportarlos. De hecho, la mitad de los entrevistados sostiene que debe prohibirse la entrada de más nicaragüenses al país. Pero sí admiten (un 90%) que quienes legalicen su situación, se les facilite el acceso a servicios públicos, como educación, salud, vivienda y trabajo, aun cuando la mayoría reconoce que la situación de Costa Rica es difícil.

¿Cómo se les ve?
¿Qué piensan de ellos? ¿Cómo los ven? Aquí la opinión también es favorable. Del total de entrevistados, el 39% sostiene que el trato que reciben es regular, el 38% que es bueno y solo un 20% que es malo. Incluso un 25% considera que "se les maltrata, se les explota" y además, que la población tica es "clasista", pues le da un trato diferente al inmigrante dependiendo de su nacionalidad.
Por lo anterior no es de extrañar que tres de cada cuatro de los entrevistados vea de manera positiva el hecho de que los extranjeros residentes obtengan la nacionalidad tica o legalicen su estatus migratorio.

Además, como afirma Mora, "la frontera entre Costa Rica y Nicaragua es muy amplia y ha existido un intercambio histórico de poblaciones en ciertas áreas de la zona norte y atlántica del país, a través de muchísimos años. Para la población del Atlántico de Centroamérica, y particularmente en la zona fronteriza Costa Rica-Nicaragua, no ha existido frontera; es decir, la comunicación ahí es muy fluida, al igual que la cultura".

Donde sí parece existir una clara diferenciación cultural entre ambas poblaciones es entre los habitantes de la Gran Area Metropolitana (GAM). Así se infiere de la encuesta, cuando el 80% de los entrevistados de clase media y alta, y el 78% de los pertenecientes a la clase baja, está de acuerdo con la afirmación: "las costumbres nicaragüenses son distintas a las costarricenses".

Sí hay concordancia, en cambio, cuando responden afirmativamente al consultárseles sobre actividades a las que pueden tener derecho los inmigrantes, como practicar su religión, constituir asociaciones culturales y resaltar sus costumbres. El porcentaje de respuestas positivas en este caso supera el 70%. Pero es muy distinta su opinión cuando se les pregunta sobre el derecho de que los nicaragüenses se afilien a partidos políticos y sindicatos: el 47% no está de acuerdo.

Aunque los consultados ponen esos "límites" a los derechos de los inmigrantes, la mayoría (un 60%) no duda en reconocer que "los nicaragüenses son personas iguales a los costarricenses". Además, en un porcentaje similar, responde positivamente a la afirmación "no me importaría tener familia nicaragüense".

Todas las opiniones sobre este tema ratifican que estamos ante un problema complejo, pues si bien la inmigración nicaragüense tiene historia, la cual reúne características nuevas, ya que nunca había sido tan numerosa ni con una tendencia tan evidente hacia el aumento (la tasa de desempleo en Nicaragua ronda el 70% y el salario promedio es de $40 mensuales). Pero en opinión de Varela de ello se puede sacar partido si las políticas, programas, proyectos y actividades, que al efecto se impulsen, se convierten en un puente del desarrollo económico y no en un problema social inmanejable.

Algo debe quedar claro de todo este balance, que por no tratarse de un asunto fácil, como dice Mora, "ahora sí se deben tener políticas definidas, regulaciones y procedimientos que permitan una solución, dentro de una concepción humanitaria que contemple estas relaciones culturales".