El anuncio oficial del Gobierno de que Nicaragua ha sido aceptada o recomendada para ingresar a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), bien que mal es importante porque ya no se destinarán cuantiosos recursos económicos al pago de una deuda externa impagable, onerosa y herencia del pasado.

¿Qué se cierra un hueco para abrir otro más grande? ¿Qué no tenemos nada que celebrar porque ya sabemos que somos pobres?, son argumentos válidos pero que se quedan en la retórica. Hay que avanzar y, aunque no se compartan muchas cosas del Gobierno por diversas razones, es el momento de dar el segundo paso. Es la hora de la transparencia.

Si Nicaragua ya no destinará 300 millones anuales para el pago de los intereses de la deuda externa, accederá a nuevos empréstitos bilaterales y comerciales y ya está recibiendo parte de los 2,500 millones de dólares aprobados en Estocolmo para la reconstrucción post Mitch, lo menos que los ciudadanos podemos exigir es que sean manejados con absoluta transparencia, y ese es el segundo paso.

Es preocupante que una comisión del Poder Legislativo denunciara que durante el primer semestre de éste año muchas instituciones estatales no lograron siquiera ejecutar el 50 por ciento del presupuesto programado, especialmente para desarrollo social y humano. Y entonces, es lógica la pregunta, de si el Gobierno tendrá la capacidad de ejecutar millones de dólares si no ha podido con el presupuesto interior.

De cualquier forma, demos un voto de confianza a las instituciones que el atraso haya sido normal y que todo el presupuesto aprobado y acordado será ejecutado en lo que resta del año, para no ver las cosas en blanco y negro, y que estará listo el Poder Ejecutivo para manejar los recursos que ya no pagará por intereses de la deuda.

La Empresa Privada, la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas y de otras denominaciones, los Organismos No Gubernamentales, la Sociedad Civil organizada, los gremios, partidos políticos y medios de comunicación debemos exigir absoluta transparencia en el manejo de esos fondos y establecer los controles que sean necesarios. Sobre todo, con unos medios alertas para ejercer el papel de vigilantes públicos.

Habrá que empezar por exigir que se fortalezca la Contraloría General de la República, dotándola de suficiente presupuesto para que tenga auditores que vigilen y supervisen el uso adecuado y transparente del dinero externo, que a su vez es dinero de los contribuyentes de otros países, y una completa independencia operativa, funcional, técnica y presupuestaria en su trabajo.

Hay que exigir información precisa y oportuna sobre recurso tanto sobre cantidad como claridad; responsabilidad por la condición y uso de los recursos humanos y financieros, en la forma programada; cálculo preciso de costos, y preparación de informes oportunos y útiles; responsabilidad de realizar los programas conforme a lo previsto, y sobre todo un libre acceso a la información relacionada con el manejo de la ayuda internacional.

Que si bien hay que fortalecer a la Contraloría, como órgano superior de control del Estado, nos corresponde a los ciudadanos exigir y promover la eficiencia y la efectividad de los funcionarios públicos en el uso de los recursos estatales y prevenir la corrupción a través de procedimientos financieros, administrativos y de auditoría, por donde no se pueda colar un solo centavo, porque sería un crimen quitarle el desarrollo social al empobrecido pueblo de Nicaragua.

Hoy más que nunca, a los medios de comunicación social nos corresponde reclamar un acceso irrestricto a la información sobre las operaciones de captación de recursos financieros internacionales, producto del HIPC y Estocolmo, y el uso de recursos públicos con austeridad a todos los funcionarios en el desempeño de sus responsabilidades.

También es una oportunidad para el Gobierno de demostrar su voluntad política en cumplir fielmente con los acuerdos internacionales y los compromisos asumidos en el Foro Nacional de Integridad, propiciando nuevas leyes que prohíban la coima, el tráfico de influencias y separar las funciones públicas de las privadas. Esa es una responsabilidad del Gobierno.

Una vez beneficiados por la HIPC ha llegado la hora de la transparencia. Como ciudadano tenemos derecho a exigir cuentas claras, porque como escribiera el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, "es la hora para liberar nuestro potencial y esquivar las tentaciones de la corrupción, hay que ser leales a la historia y empezar a prepararnos para el futuro".