Nuevamente vuelve a ser noticia la forma cómo la maquinaria del gobierno liberal pretende dañar la imagen del periodismo nacional. El caso de Ramón Parrales se ha convertido en la punta de lanza del actual sistema publicitario gubernamental para hacerle frente a las acusaciones de abuso de poder y corrupción estatal que día a día la prensa independiente descubre y denuncia. Ramón Parrales prácticamente ha dejado de ser instrumento del gobierno contra el Contralor para ser la pieza del engraje estatal contra los periodistas y los medios donde trabajan.

El gobierno de Arnoldo Alemán pretende reducir la libertad de información de la prensa independiente, por eso impone barreras de pautas comerciales, apoya la consolidación de monopolios de publicidad de sus amigos y promueve una propaganda gubernamental discriminatoria contra los medios que no le son afines. El propósito evidente es que el ciudadano común elija medios de información que solamente expresen la “realidad noticiosa” de su gobierno.

Lo anterior no es más que la instalación en Nicaragua del Estado publicitario al estilo liberal de Alemán. El gobierno, su administración y su organización, es para la élite gubernamental una importante mercancía de su “propiedad”, que debe ser protegida a través de campañas millonarias de publicidad e incluso recurrir al embargo publicitario en los medios e impedir la competencia que no le sea favorable, pero que le garantice el logro de sus objetivos partidarios para continuar por muchos años en el poder; unos cincuenta años, suelen decir públicamente.

Y mientras la mayoría del pueblo no avanza económicamente, ni socialmente y mucho menos culturalmente, el gobierno de Alemán impone su concepción del Estado publicitario al servicio exclusivo de sus políticas públicas o privadas.  Este nuevo “moderno aparato”  de publicidad ha venido, en nuestra opinión, a sustituir al régimen represivo de las dictaduras militares del pasado, pues ha creado órganos con elevados presupuestos conducidos por técnicos especializados en propaganda de imagen, para acomodar en la retina de los gobernados sólo los éxitos del presidente y de su élite gubernamental.

Las ventajas que con el Estado publicitario se obtienen son los nuevos métodos y los nuevos estilos para gobernar y para reprimir pero sin llevar puesto el uniforme militar, sin embargo, tienen mucho en común con el autoritarismo y el caudillismo de los viejos tiempos de las botas y los cuarteles militares. En los tiempos que corren la democracia se invoca como el arma cívica para terminar con los regímenes sangrientos pero, ha encontrado no obstante, nuevas rutas que conducen a que sin ofender “al sistema democrático” los civiles de saco y corbata ahora puedan continuar en el poder más tiempo que para el que fueron electos.

En ese sentido, la incursión del Estado publicitario creado por Alemán en las políticas del gobierno para presentarlas como las mejores e impulsar el “desarrollo económico-social” de Nicaragua, no debe sorprender pues ella responde a los patrones partidarios encaminados a propagandizar al máximo sus objetivos políticos aunque para ello tenga que llevarse por delante a la prensa independiente del país.
Será entonces un grave error de apreciación política, sí los medios de comunicación independientes no saben ubicar en el contexto de la ofensiva del Estado publicitario de Alemán a Ramón Parrales y sus últimas secuelas rocambolescas al incluir a Plinio Suárez de BOLSA DE NOTICIAS y Edgard Barberena de El Nuevo Diario en el nuevo capítulo de la telenovela barata que vemos todos los días en la televisión con el caso del Contralor Agustín Jarquín Anaya.