Por Pamela Druckerman
Redactora de The Wall Street Journal
Managua, Nicaragua-- Cuando Raúl Barrios abandonó un buen empleo en Miami para gestionar la privatización de la telefónica de Nicaragua, tuvo que resignarse a un salario mucho más bajo, así como a desarraigar a su familia. Pero el ingeniero de origen nicaragüense estaba convencido de que podría aportar su granito de arena al bien de su país.

Dos años y medio después, la privatización se ha desplomado, al igual que el esfuerzo de Barrios por dar a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) un estilo de gerencia estadounidense. "Es difícil lograr un cambio en este país", confiesa Barrios, de 39 años, que se marchó a Estados Unidos en 1977, donde trabajó 12 años en Motorola Inc.

Mientras decenas de países en desarrollo han sido declarados mercados emergentes, el fracaso de la venta de la telefónica explica por qué, y a qué costo, Nicaragua ha quedado rezagada. El pequeño mercado de valores del país centroamericano no negocia ni una sola acción, en parte porque las empresas familiares se muestran reticentes a ceder el control o divulgar datos financieros que podrían hacerlas vulnerables a más impuestos. Y aunque su gobierno democrático ha levantado todas las restricciones a la inversión extranjera, Nicaragua, con los ingresos per cápita más bajos del mundo de habla hispana, recibe sólo una pequeña parte del capital que entra en América Latina.

Cuando Barrios llegó a Managua en 1997, la privatización de Enitel ya se había suspendido en dos ocasiones. Aún así, habían motivos para tener esperanzas. El Congreso nicaragüense había eliminado finalmente una disposición en la ley de privatización apoyada por el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que impedía al futuro propietario de Enitel despedir a cualquier empleado de la empresa.

Barrios creó un grupo de privatización de 11 personas a imagen y semejanza de los equipos de trabajo de Motorola, donde había sido director de programas. Los responsables del grupo, la mayoría de los cuales se habían educado en el extranjero, tenían potestad para tomar decisiones independientes.
Los ejecutivos estructuraron la venta y crearon una base de datos de cientos de documentos que los interesados podrían revisar.

Pablo Ayón, presidente ejecutivo de Enitel, dijo que media docena de empresas extranjeras se interesaron el la venta. Entre estas estaban AT&T Corp., Sprint Corp. y GTE Corp., de EE.UU., France Telecom SA., Korea Telecom, la española Telefónica SA y Teléfonos de México SA (Telmex).

Sin embargo, muy pronto surgieron escollos políticos. En septiembre de 1998, Arnoldo Alemán, presidente del país, retiró de sus cargos a dos de los tres miembros del sector privado que integraban el directorio de siete miembros de Enitel, y que debían velar por asegurar la venta correcta de la compañía. En su lugar, Alemán instaló a su hermano, Agustín, y Jorge Solís, un amigo cercano y ex responsable de la empresa petrolera estatal. Ayón dimitió.

Al mismo tiempo, el equipo contable de Enitel y una segunda firma contable, la filial local de KPMG International, ni siquiera analizaron las cifras de 1996, consideradas con anterioridad como inauditables por otra empresa del sector.

Sólo Telefónica y Telmex participaron oficialmente en la licitación. Telmex había acordado recientemente gestionar la recientemente privatizada telefónica de Guatemala para un grupo de inversores de América Central y había adquirido una opción para comprar una participación del 49%. Telefónica había invertido US$ 10.000 millones en la adquisición de activos en América Latina, principalmente participaciones en 14 empresas telefónicas, incluido una licencia celular en El Salvador.
Muy pronto, comenzaron a surgir los problemas. Las empresas licitantes querían un aumento de las tarifas telefónicas de Nicaragua, ya que las consideraban demasiado bajas para obtener ganancias a la vez que se pagaban los US$130 millones en deuda a largo plazo que la empresa había amasado contra sus US$190 millones en activos.

Diversos funcionarios encargados de la privatización se encaminaron a las oficinas de Mario Montenegro, principal regulador del sector de telefonía de Nicaragua, para explicar que el tema de la tarifa haría, con seguridad, fracasar un posible acuerdo. Montenegro se negó rotundamente y advirtió que el alza de las tarifas desataría "la tercera revolución nicaragüense", según una fuente que asistió a la reunión. Montenegro no devolvió las llamadas para recabar su opinión al respecto.

Mientras tanto, las empresas licitantes averiguaron que Enitel había firmado en 1998 un contrato de US$100 millones con una filial de MasTec Inc., empresa de telecomuncaciones de Miami fundada por el fallecido activista cubano-estadounidense Jorge Más Canosa. Un portavoz de MasTec afirma que el contrato fue aprobado por el director de Enitel y era completamente legal, además de estar disponible al público.

Al quedar solo Telmex, Solís se dirigió a la Ciudad de México. Los ejecutivos de Telmex lo dijeron claramente: su principal preocupación era que todavía no había recibido las memorias financieras de Enitel correspondientes a 1998. Además también querían copias completas de todos los contratos en vigor de Enitel, incluido el de MasTec, y la clarificación de la situación creada sobre las tarifas telefónicas.

En mayo, el directorio de Enitel anuló el contrato con MasTec. Pero el gobierno no tomó ninguna acción sobre las tarifas telefónicas y, lo que es más importante para Telmex, no entregó los resultados financieros de Enitel en 1998. Cerca de una semana después, Telmex se retiró y Solís suspendió la venta.