El sábado recién pasado asistí a un taller que auspicio la Fundación "Violeta Chamorro" para discutir la conveniencia y la metodología de impulsar una Ley de Acceso a la Información Pública impulsada por el Instituto Nicaragüense de la Comunicación, como una iniciativa de parte de periodistas y ciudadanos, y compartimos con expositores de gran calidad, como la doctora María Teresa Herrán de la Universidad Javeriana de Bogotá, y el licenciado Salvador Sánchez, de la Defensoría del Pueblo, de Panamá.

El debate fue muy rico en discusiones. Hay que reconocer a la Fundación "Violeta Chamorro" su visión de promover una irrestricta libertad de expresión, pero con ética y responsabilidad social. No podía ser menos de una fundación presidida por una mujer que ha luchado por la libertad de prensa desde hace décadas y que como Presidenta de Nicaragua se ganó el reconocimiento de haber sentado las bases de un régimen democrático.

Me produjo una profunda reflexión los aportes de la doctora María Teresa Herrán, y sus observaciones de cuidarnos de no estar cayendo en Nicaragua en una especie de colombianización, un enfrentamiento diario enconado y a muerte entre los periodistas y el Gobierno, de convertirnos en un tribunal del pueblo que quiere botar del poder al presidente Arnoldo Alemán, tal como ocurrió en Colombia cuando los medios se empecinaron en echar a Ernesto Samper, y no lo lograron. Aquí hay algo de eso.

Por supuesto que los periodistas nicaragüenses, a propósito de la víspera del Día Nacional del Periodista, tenemos un compromiso serio con la verdad y la objetividad, y totalmente con la responsabilidad social. Evitar que en este franco enfrentamiento con el Gobierno no se esté afectando a todo el país y debilitando aún más sus instituciones. Es claro que el gobierno y el Presidente han contribuido al deterioro de las relaciones armónicas que se supone deben existir entre gobernantes y gobernados y entre el generador de la información y los comunicadores sociales, cuando los ha llamado "terroristas de la información", "falseadores", "envidiosos" y "malévolos".

Cuando existe una Asamblea Nacional totalmente sumisa al Poder Ejecutivo; un Consejo Supremo Electoral cuasi plegado a los intereses presidenciales; una Corte Suprema de Justicia que se sitúa al vaivén de los intereses políticos, y una Contraloría General de la República, sometida al acoso permanente para debilitar y desprestigiar su misión, los medios y los periodistas se han convertido en el canal de expresión de la desesperanza y el resentimiento de las mayorías olvidadas, y transmiten la inconformidad y el descontento.

Los medios, apoyados en la inmensa credibilidad de que gozan, han pasado a canalizar las ansias de justicia, a ser los jueces públicos, los tribunales impresos y electrónicos, con un prestigio e imagen positiva, frente a una impotencia e indefensión de los ciudadanos de una corrupción evidente y galopante que ni algunos obispos quieren ver, aún cuando el Papa Juan Pablo II nos anima a ellos y a nosotros a comprometerse en denunciarla con energía, en la reciente exhortación Apostólica "Iglesia en América".

Cuando todas estas estructuras políticas y morales atraviesan por crisis, cuando el gobierno deja de transparentar sus actuaciones y calla y oculta peligrosamente las informaciones, los medios han surgido como los abanderados de una libertad de prensa que, objetivamente, puede abusar en sus señalamientos y en sus criticas si el gobierno no actúa y abre sus puertas al acceso libre y público de sus actuaciones, tal como está obligado por la Constitución y las leyes.

Pero los medios y los periodistas no podemos ni debemos sustituir a las instituciones y llenar el vacío de credibilidad que tienen, ni convertirnos en profesores de moral, que le corresponde a las iglesias. Sí debemos exigirle mayor compromiso para erradicar la pobreza y satisfacer las expectativas de mejoría económica y social que tienen todos los nicaragüenses y por lo que ocupan los puestos públicos.

El gobierno debiera hacer un esfuerzo para cambiar esta tendencia y restablecer las relaciones armónicas con los periodistas. Mientras más independientes sean los poderes y las instituciones, más fácil será el trabajo de informar de los periodistas, sobre todo si se aprueba la Ley de Acceso Público al Ciudadano, donde cualquier documento esté disponible para ser cuestionado, y evitar de esa forma la tergiversación, el manipuleo, las falsas fuentes, la suspicacias y las especulaciones. Esto ayudaría a gobernar mejor.

En la medida que crezca el descrédito de funcionarios e instituciones; en que el poder pase a ser totalitario; en que la corrupción trate de ser minimizada e ignorada por obscuros intereses; en que la justicia continúe retardándose; en que los medios avancen tecnológica y profesionalmente, su incidencia va a crecer también y los medios y los periodistas irán imponiendo su verdad y su apreciación de un periodismo justiciero, frente a un gobierno acorralado por la opinión pública, y seguiremos al ritmo de un Ernesto Samper en la cuerda floja o de un Watergate que obligue a una renuncia presidencial.