Más de tres mil casos de agresión contra mujeres, confirmó la policía en un año. 
El 68% de la población carece de atención sanitaria y el 40% no tiene agua potable. 

Los ajustes económicos y en concreto la inseguridad alimentaria, afectan más a las mujeres que a los hombres, porque la mayoría de ellas tienen que salir del mercado laboral, para ir a trabajar a sus casas sin ninguna remuneración, dijeron representantes de organizaciones femeninas consultadas por el Grupo Propositivo de Cabildeo (GPC).  

Con la crisis económica, las mujeres nicaragüenses están expuestas a la violencia externa y, además, a la violencia interna de los hogares, donde la mujer todavía está en desventaja, respondieron las consultadas por el GPC, una coalición de la sociedad civil interesada en conocer cómo afectan los ajustes estructurales a los distintos sectores sociales. 

Durante al año 1997, la policía nicaragüense registró ocho mil 821 denuncias de agresiones contra mujeres, confirmando como delitos el 39%, aunque lo más preocupante es que el nivel de agresiones creció ese año en 88%, con relación a 1996. 
Por otro lado, la conversión ocupacional, derivada de los ajustes económicos, afecta a las mujeres porque dejan sus trabajos a cambio de una compensación económica, con la esperanza de hacer microempresas que por lo general fracasan, por su desventaja competitiva. 

Las mujeres desempleadas terminan recluidas en sus casas, sin preparación ni oportunidades laborales, expuestas a los conflictos familiares y la violencia, muchas veces originados por la desesperación que causa la pobreza, indicaron. 

Las mujeres trabajadoras y jefas de familia, padecen más los efectos de la disminución de los servicios básicos, por ser ellas, en su mayoría, las que asumen la carga del hogar. El desempleo, la inseguridad ciudadana, la violencia y discriminación, son problemas comunes de las mujeres nicaragüenses. 

Proponen cambiar las políticas laborales y de salud 

En el mercado laboral, la mayoría de mujeres están expuestas a distintas formas de discriminación, como salarios bajos, empleo inestable sin prestaciones sociales y desempleo cuando tienen más de 40 años de edad, porque las consideran "viejas inservibles", afirmaron. 

Por esa inseguridad, suceden casos como el de una enfermera que gana 600 córdobas al mes y prefiere recibir de una vez el equivalente a dos o tres años de salario, con el riesgo de quedar sin empleo durante los cinco años posteriores, al aceptar el plan de movilidad laboral del gobierno. 

Como alternativa, las organizaciones civiles propusieron un Plan Nacional de Desarrollo, que en primera instancia cambie las políticas laborales y de salud para las mujeres, ya que el acceso a la sanidad está vedado para el 68% de la población nicaragüense. 

Las mujeres consultadas por el GPC también propusieron que se les permita participar en proyectos de desarrollo comunitario, con acceso a créditos y capacitación técnica, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias pobres, porque un 40% de la población carece de agua potable. 

Sin derechos elementales 

El sector de mujeres opina que el ESAF viola la Constitución Política de la República, que le otorga a todos los nicaragüenses el derecho a la salud, la educación y la vivienda, pero no se cumple. 

En Nicaragua existe un alto índice de violación de los derechos humanos, que incluye el maltrato a las mujeres, a los jóvenes y a los niños y niñas, además de la falta de acceso a los servicios básicos y la incapacidad para tratar a los delincuentes y regenerarlos. 

Las mujeres opinan que la privatización de los servicios de salud, conduce a la discriminación de la atención para la población pobre, en especial para las mujeres. El gobierno tampoco reconoce el trabajo que realizan los promotores comunitarios de salud, entre los que hay parteras y brigadistas de salud. 

Menos acceso a viviendas 

Las mujeres expresaron que la privatización de la educación, a través de la llamada Autonomía Escolar, es una forma solapada de privar a las personas de su derecho a educarse y afecta a la mayoría de la población, porque aumenta el nivel de analfabetismo. 

También creen que faltan mecanismos efectivos para resolver la problemática de la vivienda y afirman que las mujeres son las que tienen menos posibilidades de tener casa propia. 

Comentaron que la modernización de Managua está desplazando a los sectores marginados y los obliga a vender a precios irrisorios, sus propiedades (C1,000 y C$5,000), porque de lo contrario pierden todo. Estiman que la modernización es necesaria, pero no a costa de los más pobres, que no se pueden defender. 
La pobreza genera discriminación hacia las mujeres, a pesar de ser estas las que sostienen a sus familias, haciendo cualquier trabajo, cuando hay irresponsabilidad paterna. 

Pobreza y violencia 

La pobreza no produce de forma directa la violencia, pero propicia el aumento de niveles de maltrato de los hombres contra las mujeres. 
  

Las mujeres opinaron que la falta de acceso a los servicios básicos, por efecto de la privatización, reduce el nivel de vida de las familias nicaragüenses . 

En general dijeron, la participación de la mujer no ha sido valorada, a pesar de que este segmento de la población tiene los más altos índices de desempleo en el sector formal. Su mayor desempeño es en el sector informal, pero esto no ha sido tomado en cuenta. 

Faltan recursos para atender el problema de la violencia doméstica, mientras crece la descomposición social y la inseguridad ciudadana. Las mujeres se mostraron preocupadas porque la crisis económica del país encarece la canasta básica cada día y ya es inalcanzable para la población. 

Con capacitación, la suerte de las mujeres sería otra. 

El sector femenino opina que han disminuido el empleo y las oportunidades de acceso al mercado laboral para las mujeres, quienes en su mayoría trabajan en el sector informal y por tanto no tienen acceso a la seguridad social (INSS). 

También, el abaratamiento de la mano de obra y las malas condiciones de empleo, son situaciones que afectan más a las mujeres. A la vez existe una alta discriminación por sexo y por edad, cuando quieren conseguir un empleo. 

La falta de preparación técnica, que afecta a la mayoría de las mujeres del sector laboral, es una de las manifestaciones de los ajustes estructurales que, en muchos casos, han obligado a las mujeres a confinarse en su hogar, por no poder competir de acuerdo a la tecnología y preparación que solicitan hoy las empresas. 

En la consulta del GPC, las mujeres opinaron que el ESAF es un  
hecho y traerá la reducción de plazas. Por eso, es necesario darle capacitación a las mujeres que dejarán de trabajar, debido a la conversión ocupacional. 

Ellas recibirán una cantidad de dinero por dejar sus plazas en el Estado durante varios años, pero sus necesidades harán que lo gasten pronto y luego, sin dinero ni oportunidades para trabajar, estarán en peores condiciones de vida, tanto ellas como sus familias. 

En cambio, su suerte sería mejor si reciben capacitación para invertir su dinero, por ejemplo en pequeñas empresas que les asegure la subsistencia. 

Sugieren a la Cooperación Internacional 
Promover empleos para las mujeres 

En general, las mujeres opinan que se debe hacer un plan nacional de desarrollo, con énfasis en el área rural, que dé prioridad a los sectores vulnerables de la sociedad: mujeres, jóvenes, adolescentes y personas con discapacidad. 

Es importante dirigir recursos a la generación de empleos para las mujeres, tanto en las zonas rurales como en el área urbana. 

Es necesario buscar el equilibrio entre el uso y la conservación de los recursos naturales, para garantizar la protección del medio ambiente. 

Respecto a la salud, sugirieron destinar recursos para reforzar el sistema de salud y en esa medida brindar atención primaria e integral, con mayor cobertura. Asimismo, mejorar la infraestructura y brindar capacitación y educación al personal de salud que atiende a la población. 

También sería bueno destinar gran parte de la cooperación a la educación, para brindar la verdadera educación gratuita, construir más escuelas y mejorar los centros que están deteriorados. Es primordial dar mayor capacitación al personal docente. 

Las mujeres manifestaron que es de suma importancia destinar recursos a la defensa de los derechos humanos de niños y niñas. 

La cooperación se debe invertir tanto en el aspecto social, como en el desarrollo económico e industrial. Primordial es, opinaron, que se invierta en la elaboración de políticas de salud, políticas de educación, políticas laborales, políticas económicas y políticas ambientales. 
  

Las mujeres piden que el gobierno cumpla con los acuerdos de darle participación a las organizaciones sociales, en la gestión de las políticas de salud. 

Sugieren elaborar una estrategia que propicie la participación comunitaria en las estructuras del gobierno que atienden la salud, tanto local como nacional.