Considerando

1. Que el día 25 de noviembre ha sido declarado DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

2. Que la mitad de la población Centroamericana y República Dominicana; la constituyen mujeres, de ellas un alto porcentaje son menores de 15 años de edad y de esa población femenina un sector importante ha confrontado situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones: Física, Psicológica y Sexual.

3. Que sólo recientemente el problema de la violencia Contra las Mujeres ha sido reconocido por los gobiernos y organismos internacionales, incorporándose en algunos países a las políticas de salud pública y de reforma judicial. La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, alertó en este sentido a los gobiernos, parlamentos, partidos políticos, organismos no gubernamentales y otros sectores de la sociedad.

4. Que existe invisibilidad de la violencia contra las mujeres, la cual se explica en parte por la reticencia a la denuncia en resguardo de la privacidad familiar y por el temor a no recibir el respaldo apropiado por parte del sistema médico y judicial.

5. Que la violencia hacia las mujeres tiene un alto costo económico y social para los gobiernos de la Región y es una barrera para el desarrollo socioeconómico. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que en las economías de mercado, la violencia es responsable por la pérdida de uno de cada cinco días de vida saludable de las mujeres,.

6. Que la violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su vida, preocupa y sacude a la región, prácticamente todos los países del área, ha adoptado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), sin embargo, las estadísticas policiales y judiciales indican que la violencia cada día es mayor, que inclusive supera a otros tipos de delitos, por ello, hablar de la reconstrucción en Centroamérica, después de los desastres ocasionados por el Huracán Mitch, será una tarea casi imposible si no se toma en consideración, la calidad de vida de las mujeres perturbada y amenazada por la violencia.

7. Que la violencia contra las mujeres debe ser abordada igualmente que temas candentes como el de la seguridad ciudadana, el desafío del narcotráfico y la violencia social en general.

8. Que hoy la Violencia contra las mujeres y la niñez, debe atenderse de la misma manera en que se atiende la violencia de la calle, no debemos seguir ignorando lo que ocurre en el hogar, debemos establecer una relación entre violencia social y violencia familiar, no debemos seguir sancionando un tipo de violencia y otra -contra las mujeres- aceptarla como "normal", este último tipo de violencia, la violencia intrafamiliar más que un problema privada, es un problema social.

1. Ratificar su compromiso con la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, especialmente con los contenidos en el capítulo IV referido a la Violencia contra la Mujer, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y con la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) y pide a los Gobiernos de Centroamérica y República Dominicana, Estados Miembros del Parlamento Centroamericano, a que adopten la medidas necesarias para lograr los avances en el cumplimiento de estos instrumentos internacionales.

2. Reiterar su respaldo a la iniciativa de aprobar un Protocolo Facultativo para la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual será introducida en los próximos días a la agenda de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que deberá ser discutida en su sesión de marzo de 1999.

3. Instar a los Gobiernos de la Región a formular los planes, programas y estrategias nacionales, con todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de mujeres a las que debe apoyarse en sus actividades, para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y la niñez, además de la violencia y discriminación que confrontan las mujeres por razones de raza, idioma, etnia, pobreza, cultura, religión, edad, discapacidad o situaciones socioeconómicas, por migrantes, indígenas, desplazadas o refugiadas.

4. Instar a los poderes judiciales de la región, a impulsar y velar por la correcta aplicación de las leyes contra la violencia a las mujeres al tiempo que felicita a aquellos países que han creado las Comisarías de la Mujer y la Niñez, en las que son atendidas las denuncias y demandas por violencia contra la mujer y la niñez y han avanzado en la capacitación del personal policial encargado de estas instancias. Anima a que también lo hagan los países que aún no han establecido este tipo de programas que en alguna medida están dado repuesta a la problemática social que constituye este tipo de violencia. Es importante fortalecer y apoyar redes comunitarias y civiles que atiendan de forma integral a las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia intrafamiliar y cualquier otro tipo de violencia.

5. Exhortar a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales o privadas de la región a definir e implementar programas especiales para ayudar a las mujeres y niñas con cualquier tipo de discapacidad y reconocer los actos de violencia y brindarles los servicios necesarios de protección y seguridad.

6. Recomendar a los gobiernos que han reconocido que la violencia contra las mujeres es un problema de Salud Pública, a definir sistemas estadísticos que reflejen los niveles de violencia y promuevan investigaciones y estudios que recomienden las políticas a seguir para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es necesario velar porque todos los caos de violencia contra las mujeres se consignen estadísticamente de forma sistemática y así lograr insumos para analizar los costos económicos y sociales la violencia contra las mujeres y sus respectivas consecuencias.

7. Exhortar, especialmente a sus colegas parlamentarias en Centroamérica y República Dominicana, a impulsar las iniciativas legislativas necesarias para poner en práctica la prohibición jurídica total de la violación y de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violación física y psicológica.

8. Sumarse a la iniciativa propuesta por la Comisión de la Mujer del Parlamento Latinoamericano de crear un Frente Parlamentario contra la Explotación Sexual de Niñas y Niños e invita a la Asamblea General del Parlamento Latinoamericano a respaldar esta importante propuesta, reconociendo que la explotación sexual a niñas y niños es un fenómeno creciente en América Latina y el Caribe. Debemos visibilizar este fenómeno de explotación impulsando en los parlamentos nacional, legislaciones tendientes a proteger a las niñas y niños explotados, no perpetuando su victimización, penalizando a los usuarios, clientes y explotadores.

9. Respaldar la aplicación de todos los instrumentos jurídicos existentes materia de derechos humanos para eliminar la trata organizada de mujeres y niñas, incluyendo la explotación sexual y la pornografía.

10. Recomendar a los parlamentos y gobiernos a destinar los recursos suficientes en los presupuestos nacionales a fin de impulsar programas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y la niñez.

11. Instar a empleadores en el Estado y el Sector Privado a adoptar medidas que promuevan la creación de un ambiente laboral libre de hostigamientos, chantaje y acoso sexual o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres en su centro de trabajo.

12. Reconocer los esfuerzos de los hombres que se han organizado para contribuir a las acciones para el cambio de actitudes que redunden en menos violencia contra las mujeres y las niñas, al igual que invita y anima a otros hombres a sumarse a este tipo de iniciativas.

13. Felicitar a las organizaciones de mujeres y organismos no gubernamentales mixtos por la importante labor que realizan para aumentar los niveles de conciencia de nuestras sociedades en torno a las implicaciones de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas.

14. Aplaudir la Declaración de Santiago de la 8a. Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y de gobierno de las Américas, celebrada en Santiago de Chile, del 22 al 26 de junio de 1998, en la que acordaron asumir como un eje temático prioritario la prevención y eliminación de la Violencia Intrafamiliar y  Maltrato Infantil al igual que comprometieron sus esfuerzos en el fortalecimiento de los organismos pertinentes que atienden la legislación relativa a la violencia intrafamiliar y a su implementación.

15. Respaldar el impulso y ejecución de la Campaña Centroamericana contra el maltrato a niñas, niños y adolescentes, con la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en la que se reconoce y requiere el esfuerzo fundamental de la cooperación internacional en el impulso de dicha Campaña.

16. Instar a los medios de comunicación social a adoptar medidas éticas necesarias para eliminar las imágenes de violencia contra las mujeres y la niñez.

17. A cientos de miles de mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de la violencia, nuestro abrazo solidario y el compromiso de trabajar para que los llamados y exhortativas que hoy hacemos, avancen  y se cumplan en favor de una sociedad centroamericana más justa, más equitativa, llena de ternura y con la esperanza de renacer, transformarnos, por el presente y futuro de las generaciones.

18. Comunicar este Acuerdo a los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana, a sus órganos competentes encargados de los Planes, Programas y Estrategias Nacional y Regional, a las Organizaciones de la Integración Centroamericana, a las comisiones de la Mujer de las Asambleas Legislativas, Comisión de la Mujer del Parlamento Latinoamericano y Organizaciones de Mujeres de la Región.